v.02  n.02  2018
Democracia y Periferia
v.02  n.02  2018
Democracia y Periferia
Artículos
Una concepción ampliada de la periferia

Albert Ogien

Translation: Rosa Maria da Silva Faria

La noción de “periferia” parece actualmente servir esencialmente para calificar estas zonas de habitat rural o urbano (barrios precarios, favela, barrio bajo, barrio pobre) puestos al margen del movimiento de desarrollo económico y de ‘‘modernización’’ que se observa en los países del Sur. Por detrás de esa noción se encuentra a menudo la idea de una desigualdad radical de posición entre los ciudadanos que hacen, sin embargo, parte de una misma entidad política: de un lado, los grupos de poderosos que se apropian de las estructuras del Estado y se benefician de la aplicación de nuevas reglas del juego económico global, en términos de poder y de renta – lo que conviene llamar el ‘‘centro’’; del otro, los grupos de la población que se mantienen en condiciones de precariedad, de insalubridad, de analfabetismo y de sumisión absoluta – lo que conviene llamar la  “periferia”. En ese hueco, también una llamada “clase media” urbana y modernizada se había desarrollado, aceptando la legitimidad de los principios puestos por el centro, reivindicando, con más o menos vigor, el ejercicio de sus derechos en el espacio público en el que ella contribuye para constituirse.

Esa manera de considerar la “periferia” como la cesión de algunos grupos de la población en una posición de eterna subordinación a los países del Sur y basado en la “racialización” parece demasiado restrictiva – incluso si ella da cuenta del orden de las relaciones sociales que generalmente se impone en los antiguos países bajo la dominación colonial o imperialista. Es que la institucionalización de un orden jerárquico que justifica el poder de los poseedores de la riqueza, la legitimidad de una forma de dominación social, un acceso limitado a recursos, la disparidad de oportunidades económicas, discriminaciones de género y de origen étnico, desprecio por la voz de los más pobres, no pasa sólo en los países del Sur. De hecho, la introducción y reproducción de una asimetría de poder entre un “centro” y una “periferia” es el principio de los informes de dominio que descubrimos en una sociedad desigual y jerárquica, en un régimen democrático, en un régimen autoritario o en un régimen colonial o poscolonial. Desde ese punto de vista, la distinción centro/periferia puede aplicarse tan pronto como identifica un tipo de asimetría de poder, como cuando oponemos feudal y súbditos; metrópolis y colonias; burguesía y proletariado; poderes imperalistas y “Tercer Mundo”; ciudades y campo; incluidos y excluidos; ganadores y perdedores de la globalización; elite y pueblo.

Es a partir de esta idea que me gustaría proponer una visión ampliada de la “periferia”, que se clasifica bajo ese término todos los grupos sociales que, independientemente del grado de desarrollo económico y político del país en que viven, son sujetos a mecanismos que les priva de su capacidad para contribuir con la definición de cuestiones relativas al interés general y a decidir colectivamente cómo resolverlos. Estos mecanismos de despojo pueden tomar la forma de sumisión (regímenes absolutistas), de represión y asesinatos (régimen autoritario) o de la delegación o representación (régimen democrático). Pero, sin importar el contexto en el que se implementan, estos mecanismos  siempre tienen el objetivo de 1) prohibir que se escuche cada voz plenamente en la determinación del presente y del futuro de la comunidad que forman parte; 2) negar el poder de los ciudadanos de ejercer un control efectivo sobre la acción y el comportamiento de quienes les dirigen; y 3) desacreditar el juicio que formulan los gobernados en el lugar de sus gobiernos utilizando sus propios criterios de justicia, igualdad, libertad, dignidad y honestidad.

En una palabra, se trata de detener a la periferia no como una condición (que determinaría y realizaría el destino de un grupo social puesto en una situación irremediable de marginalidad) sino como una situación[1] (definida por factores contextuales sujetos a la reconfiguración histórica).

Uno de los intereses de esta concepción ampliada de la periferia es que ella permite considerar las luchas de las poblaciones desfavorecidas, estigmatizadas o “racializadas” como expresión de una reivindicación de la democracia – reivindicación que reside en el corazón de los movimientos de protesta que, desde enero de 2011, se hacen escuchar en las plazas y en las calles que son escenario de insurrecciones civiles, reuniones u ocupaciones, tanto en el Norte como en el Sur. Es que, en el principio de toda reivindicación de la democracia, hay una triple exigencia: mecanismos de despojo de derechos individuales y colectivos en el fracaso; permitir a los ciudadanos ordinarios expresarse plenamente y de forma autónoma su capacidad política; hacer legítima su intervención en la definición y en el control de la acción de las autoridades que les gobiernan. Triple exigencia que podría resumirse en una proposición: toda reivindicación de democracia lleva una lucha por la abolición de los efectos de la desigualdad y la injusticia que la distinción centro/periferia, fija y restablece. Para comprender la fuerza de esa proposición, conviene primero aclarar el contenido práctico del concepto de democracia.

Las dos caras de la democracia

Como mostramos[2], Sandra Laugier e yo, la democracia es un concepto ambivalente. Por un lado, se refiere a un tipo de régimen político, basado en la elección, la alternancia, la separación de poderes y una gama más amplia de derechos y de libertades individuales garantizadas por una Constitución. Por otro lado, el concepto de democracia refiere a una “forma de vida”, es decir, a un orden de relaciones sociales idealmente liberadas de toda forma de  dominación, ya sea ella de clase, de competencia, de origen, de género, y basada en un principio: el respeto incondicional de igualdad de todas y todos. Ese principio es, si tomamos en serio, terriblemente exigente ya que debe aplicarse a todas las esferas de la actividad social: en la política, en el negocio, en la escuela, en la familia y en todos los asuntos públicos. Y la realización de ese principio es una tarea infinita simplemente porque nadie sabe exactamente dónde se detiene la igualdad. Es en este sentido que podemos decir de la democracia – como un plan para garantizar el funcionamiento regular del Estado de derecho y asegurar el disfrute de derechos individuales y colectivos para cada una y cada uno – que ella no es y nunca será completa.

Un elemento importante de la distinción entre la democracia como régimen y democracia como una forma de vida es que nos conduce a admitir que es la segunda – es decir, el respeto incondicional de la igualdad entre los ciudadanos – que proporciona la regla y las orientaciones para apoyar las transformaciones que afectan la primera – es decir, el orden jurídico que permea una sociedad – puede cumplirse. Si esto es así, es que el principio de la democracia justifica la implementación de una acción política en que “los medios propios para el funcionamiento de las sociedades democráticas se constituyen a la medida y a la imagen de sus propósitos”[3]

Admitir la dualidad del concepto de democracia – como régimen y como forma de vida – conduce al rompimiento de la ideia común que reduce la democracia a un sistema institucional cuyo objetivo es establecer un equilibrio cuya legitimidad se reconozca entre dos exigencias que no son necesariamente compatibles entre ellas: la libertad y la igualdad. Contra esta visión puramente institucional, se hace necesario resaltar que es en la ida y vuelta permanente entre democracia como forma de de vida y democracia como régimen – es decir, en la vida política tal cual se actualiza en el cotidiano de las relaciones sociales que se organizan en el espacio público – que la ley de un Estado se ajusta a la evolución de las costumbres tal cual se cumplan, de su propio movimiento, en el seno de la sociedad.

A partir de esta concepción práctica y dinámica de la democracia, se puede admitir que, en nombre de la idea que los ciudadanos ordinarios tienen de la democracia como forma de vida, son concebidos y reivindicados derechos y libertades, bien como el desarrollo de prácticas políticas que favorezcan la autonomía individual y el respecto al pluralismo en las formas de ser. En pocas palabras, todo que alimenta las luchas de la “periferia’’ contra la dominación ejercida por el “centro’’ hacia ella – luchas que se concentran en las regiones más distantes de la ‘‘modernización’’ (ya sea al Sur o al Norte) y cuyas reivindicaciones son también elementares como el derecho a la vivienda, al agua, a la elctricidad, a los servicios públicos básicos, a la renta decente, al trabajo, a la dignidad. La cuestión que se pone, sin embargo, es saber ¿cómo exactamente esas luchas son luchas por la democracia – y no luchas contra la exploración, la segregación, la discriminación o la ‘‘racialización’’?

Crítica externa y crítica interna de la democracia

A la medida en que las sociedades occidentales vivenciaron la democracia como régimen, una forma de concebir la relación gobernantes/gobernados se garantizó bajo la forma de un Estado-nación al cual se reconoció la calidad de ejercer su soberanía. Y esta forma se amplió lentamente en el todos los países del mundo después de la Segunda Guerra Mundial con la implementación de instituciones internacionales, de la descolonización y las independencias. Se sabe que el mundo de la organización política se puso en evidencia en el momento en que, a mediados de 1970, el lugar que el Estado ejerce en la realización de las misiones del servicio público (la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la ayuda social, etc.) de repente fue presentado como demasiado caro y que la cuestión de la deuda vino a colonizar el debate público.

Con las políticas de liberalización y encogimiento del Estado, los principios de administración que imponen las reglas del capitalismo financiero ascendieron sobre el espíritu de los profesionales de la política. Ese cambio de rumbo produjo consecuencias idénticas en todas partes del planeta: concentración de poder de decisión en manos de entidades políticas supranacionales, de instituciones bancarias, de multinacionales y de fondos de inversión. Y esta reconfiguración de la relación entre poderes políticos, económicos y financieros se traduce por el debilitamiento de los Estados, la dominación de la regulación de los mercados, el aumento en los niveles de corrupción y el poder sin frenos del dinero. La consecuencia de esta nueva distribución de poderes resultó en el desinterés que afecta a la democracia electoral (¿Para qué votar si el voto no interfiere en las decisiones son tomadas o si el escrutinio de las papeletas es falso?); y el desprecio hacia los gobernantes indiferentes a las necesidades del pueblo y al servicio de una oligarquía que reina incondicional (¿Cómo creer en la legitimidad de la consulta si el veredicto de las urnas no es respetado y si las decisiones son las mismas sea cual sea el candidato elegido?).

Es así que la experiencia de la democracia representativa es la doble decepción de una traición. En estas condiciones, lo que recubre el término democracia se vuelve confuso. Por un lado, la democracia es criticada y cuestionada en principio por voces que, pidiendo el establecimiento de un poder autoritario, denuncian la ilegitimidad de este tipo de régimen, en la esperanza de que es lo que se puede llamar crítica externa.

Pero, por otro lado, es cómo el modo de operar de los regímenes democráticos funcionan hoy día, que es denunciado por no hacer caso de la máxima que los define: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es lo que podemos llamar la crítica interna.

Es necesario tener en cuenta la visión radicalmente distinta de cada una de esas dos críticas – aunque ellas se pongan sobre los mismos fenómenos: indiferencia por la política, disgusto por el sistema representativo, abstención en las elecciones, rechazo a todo compromiso, deserción de los partidos y de los sindicatos, rechazo de todo lo que se juzgue por “política”.

Si la crítica externa de la democracia busca estremecer la fe en estos dos pilares de la democracia que son la igualdad y los derechos humanos, con la finalidad de borrar del espíritu de los ciudadanos la quimera del fin de la jerarquía y de la dominación de los poderosos, la crítica interna propone otra forma de poner fin al resentimiento provocado por el espectáculo de un sistema parlamentar que no representa más a los ciudadanos, de una vida política sofocada por instituciones y por rutinas escleróticas, de decisiones que perturban las vidas ordinarias y parecen imponerse por poderes distantes y oscuros. Ella consiste en laborar por la radicalización de la democracia, es decir, luchar por el advenimiento de un poder respetuoso con las aspiraciones del pueblo, realmente representativo y que incite a los ciudadanos a apoyar la actividad del gobierno. En otras palabras, para volver al argumento defendido en este texto, se hace necesario abolir la distinción centro/periferia. Pero, la tarea no es fácil de realizarse. Hay que enfrentar una fuerza que labora para mantener esa distinción: el pensamiento antidemocrático. ¿Qué es ese pensamiento?

Variedades de la antidemocracia

La situación política actual  está marcada, un poco por todo el mundo, por el surgimiento de grupos de ‘‘ciudadanos insurgentes’’[4] que eligieron actuar en la política fuera de las instituciones formales de la representación con la finalidad de desafiar a los poderosos, los gobernantes y sus asesores en el ámbito de la racionalidad y de la legalidad de la acción pública. No se pasa un día sin que se escuche hablar de las iniciativas de la ‘‘sociedad civil organizada’’ (colectivos, plataformas, asociaciones) o de moviemientos que nacen fuera de la estructura de los partidos o sindicatos tradicionales. En esta efervescencia política los ciudadanos construyen un saber cada vez más desarrollado sobre las buenas formas de utilización de las herramientas de movilización para actuar y hacerse oír (redes sociales, medios autónomos, peticiones, manifestaciones, ocupaciones, recursos a la justicia, acciones directas no violentas, elecciones, etc.).

El desarrollo de estas ‘‘prácticas políticas autónomas’’ de los gobernantes irritan y asustan a los que hicieron de la política su trabajo – que hayan sido elegidos por sufragio universal, o que tomaron el poder de forma violenta. Y no les faltan argumentos para rechazar la exigencia de los ciudadanos de contribuir para la igualdad de responsabilidad, para la definición y para la aplicación de las decisiones del gobierno. Les basta anunciar que cuestiones de la ‘‘gran’’ política (guerra, poder, soberanía) están más allá de la comprensión de la gente común, que las cuestiones de gobierno (salud, educación, economía, ecología, etc.) son demasiado técnicos para ser reglado por principiantes o que los asusntos de ‘‘cohesión nacional’’ y de seguridad no levanten la mayoría de votos.

El pensamiento de la antidemocracia se desarrolla en ese segundo plano. Este se realiza cuando consideramos la competencia de los administradores y de los encargados de los asuntos públicos como superiores a los de los ciudadanos; se impone y se reproduz una asimetría de la razón y de la competencia en beneficio de los poderosos; se duda en conceder una nueva libertad a aquellas y aquellos que la reivindiquen; los líderes providenciales se presentan como guías de una población tomada por la incapacidad de tener un punto de vista político reflexivo y legítimo. En definitiva, desde entonces se justifica el poder ejercido por aquellos que se sienten invertidos de la misión de decidir por el bien de la masa y a quienes están condenados a ser sometidos.

Uno de los modos de expresión del pensamiento de la antidemocracia es la burla y el sarcasmo con los cuales tratan a los ciudadnos que se jactan de hacer la política y son llamados novatos que no saben nada, pero creen que pueden ocuparse de eso. Estos desaires emiten una concepción que desvalora el “pueblo”, que justifica negarles cualquier competencia política. Los análisis que Sandra Laugier y yo proponemos en la Antidémocratie[5] revisan las razones que argumentan en favor de la limitación de la intervención de los ciudadanos ordinarios de la toma de decisiones políticas y de la forma como las elites del poder saturan el debate público de todo tipo de argumentos para convencer a los ciudadanos de su impotencia, para disuadirlos de acciones autónomas o confortarlos en su aversión a la política.

La antidemocracia se manifiesta del mismo modo en la proliferación contemporánea del uso de la calificación de “populismo”. Si las opciones políticas presentes en los discursos clasificados bajo este término tienen poco en común – incluyen programas nacionalistas, xenófobos, fascistas, ultra liberales, democráticos, revolucionarios o anarquistas -, dos elementos les caracterizan. El primero, es que ellos son el hecho de lideres que quieren hablar “en nombre del pueblo”, sabendo lo que es mejor para su destino. El segundo, es que proponen  el rescate de elementos de consenso sobre el cual vuelve a ponerse el ejercicio del poder. Decir en un discurso que es “populista” sin explicar en lo que se vuelve de hecho a fin certificar la validez de cinco ideas: 1) la actividad política es el monopolio de los “jefes” y de los expertos; (2) la sensibilidad de las “personas” puede ser fácilmente manipulada apelando a sus emociones y a sus impulsos más bajos; (3) la masa está condenada a seguir las prescricciones impuestas por aquellas y aquellos que dirigen; (4) lo que piensan los ciudadanos sobre la forma como son gobernados y cómo los negocios públicos deberían ser conducidos puede ser desdeñado; (5) la concepción ordinaria de la política y de la democracia que expresan los ciudadanos puede ser excluida del debate público.

Parece que « las prácticas políticas autónomas” que se desarrollan actualmente por el mundo muestran la inutilidad de estas ideas – aunque ellas sigan dominando los espíritus y manteniéndose como evidencia para una mayoria de personas.

Conclusión

El pensamiento de la antidemocracia es el principio de la reproducción de la distinción entre centro y periferia (en la concepción extensiva propuesta en este texto). La pregunta que está en el corazón de las luchas se dirige tanto al Sur como al Norte se refiere a saber cómo abolir esta distinción con el fin de alcanzar la emancipación de los grupos dominados de una sociedad.

Lo que pasa, en parte, por un desarme del pensamiento de la antidemocracia, tal como se expresa en estos análisis que denuncian los movimientos de protesta extra-institucionales tomados por la incompetencia, la corrupción o la suficiencia de las “elites”, pierden la calma ante el peligro que representa el rechazo inconsecuente del gobierno representativo y de la sabiduría de sus dirigentes. Contra este pánico, es necesario sostener que nada impida confiar incondicionalmente en la gente del pueblo – en la periferia – que demuestran regularmente dar muestras de una inteligencia colectiva democrática cuando se ocupan de tomar frente los asuntos que les afectan en manos.

Una de las cuestiones que se plantea hoy día es saber si el capitalismo (bajo la forma financiera que tomó durante los últimos decenios) está compatible con este modo de expresión de la democracia[6]. La cuestión es la siguiente: se necesita mantener el capitalismo considerándolo como un sistema al servicio de los intereses de una gran mayoría de la población apegada al aumento de su nivel de vida y que tiene la estabilidad como apuesta de prosperidad; o es necesario cuestionar una estabilidad que, lejos de mejorar la situación de la población, agrava las desigualdades y se extiende a los ciudadanos del proceso de decisión política – o, para volver a los términos del argumento apoyado en este artículo, destruir la separación entre centro y periferia. Es, sin duda, una de las mayores apuestas del tiempo presente… y solo los embates que vienen podrán traer una respuesta.


[1] En el sentido que la antropología social da a esta noción.
[2] A. Ogien et S. Laugier, Le Principe démocratie, Paris, La Découverte, 2014.
[3] J.P. Cometi, La Démocracie radicale. Lire John Dewey, Paris, Gallimard, 2016. [traducción nuestra]
[4] J. Holston, Insurgent Citizenship, Princeton, Princeton University Press, 2008.
[5] A. Ogien et S. Laugier, Antidémocratie, Paris, La Découverte, 2017.
[6] W. Streek, Buying Time. The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, London, Verso, 2014.

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