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periferias 5 | salud pública, ambiental y democrática

Erosión continua de la política de desarrollo sostenible de los pueblos indígenas de Brasil

Sufyan Droubi | Raphael J Heffron

| Brasil |

traducido por Ana Rivas

“La fiebre del oro, que continúa imponiendo la muerte o la esclavitud a los indígenas de la Amazonia, no es nueva en Brasil; tampoco sus estragos” (Galeano 2004)

 

La difícil situación de los pueblos indígenas en el Brasil ilustra trágicamente la progresiva erosión de los pilares del desarrollo sostenible. Aunque los pueblos indígenas desempeñan un papel fundamental en la promoción del desarrollo sostenible para todos, siempre han estado en la periferia, sufriendo una discriminación generalizada y profunda y a menudo permaneciendo invisibles para los encargados de la formulación de políticas y para la sociedad en general. Esto no sólo afecta su salud y bienestar (Coimbra Jr. y Santos 2000), sino también sus derechos, el acceso a la justicia y a la calidad de la justicia que reciben (véase Cunha 1994). 

Las disposiciones de la Constitución brasileña, que tienen por objeto empoderar a los pueblos indígenas, se han ido diluyendo progresivamente a lo largo de los años — no sólo debido a la avalancha de demandas judiciales relativas a la demarcación de sus tierras que culminó con la "Decisión Raposa Serra do Sol" 20091Por un lado, la decisión de Raposa Serra do Sol afirmó la legalidad del modelo de demarcación continua de las tierras indígenas y rechazó la tesis de que esto constituiría una violación de la soberanía brasileña. Sin embargo, por otra parte, la decisión estableció el llamado marco temporal de ocupación ("marco temporal de ocupação") según el cual los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras que ocupaban cuando se promulgó la Constitución (5 de octubre de 1988) y estableció diecinueve garantías institucionales sobre el uso de las tierras. Lo que nos interesa aquí es que, estas garantías restringieron el derecho de las comunidades indígenas a la participación en la toma de decisiones relativas a sus tierras al establecer, entre otras cosas, que "la exploración de alternativas energéticas estratégicas... sujeta a discreción de los órganos competentes (Ministerio de Defensa y Consejo de Defensa Nacional), se llevará a cabo independientemente de la consulta con las comunidades indígenas involucradas" (énfasis añadido). A pesar de las fuertes críticas formuladas contra el marco temporal y muchas de las garantías, con el argumento de que crean una nueva ley (Yamada y Villares 2010), Raposa Serra do Sol se convirtió en un caso destacado, que se ha reafirmado desde entonces, y que se hizo vinculante para las autoridades federales con respecto a cualquier demarcación de las tierras indígenas (Advocacia Geral da União 2017). , sino también a la incapacidad del Estado para promulgar las leyes necesarias para dar plena vida a esas disposiciones2Desde la promulgación de la Constitución, el Parlamento del Brasil ha venido examinando diferentes proyectos de ley que pretenden regular las disposiciones de la Constitución brasileña relativas a la exploración de los recursos en las tierras indígenas y al respeto de los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras. La imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre cualquiera de ellos muestra la complejidad del tema, como lo ilustran los debates de una reciente sesión abierta de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados del Brasil (Câmara dos Deputados do Brasil 2019). En cierta medida, la incapacidad del Parlamento para aprobar las leyes necesarias que regulen el tema está detrás de la decisión de Raposa Serra do Sol (Yamada y Villares 2010).. Pero es con los actuales líderes políticos, que reclaman por un nuevo tipo de "fiebre del oro", una fiebre por los minerales y los recursos energéticos, que la discriminación se canaliza en el discurso oficial (Survival International 2020).

La discriminación encuentra su camino en las políticas oficiales que intentan facilitar el uso de las tierras indígenas para ciertas actividades, como lo ilustra un reciente proyecto de ley de autoría del gobierno, que regula la exploración de minerales y recursos energéticos en tierras indígenas (Poder Ejecutivo 2020), que es rechazado enérgicamente por las comunidades indígenas por erosionar sus derechos (Associação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) 2020a). Para persuadir al público a que apoyen su agenda, estos líderes invocan los recursos y el nacionalismo cultural, afirmando la urgente necesidad de proteger la "cultura" y los "recursos" del país contra esos descritos como otros (por ejemplo, Presidente da República do Brasil 2019). Las comunidades indígenas (así como las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales e incluso los académicos) se encuentran invariablemente entre lo otros que necesitan ser "integrados en nuestra sociedad" (Bolsonaro 2019) (o expulsados, o silenciados). Al llegar a las masas y evadir las instituciones, los líderes juegan el viejo juego del populismo, que es bien conocido en América Latina (Svampa 2019).

Pero estos líderes también juegan un nuevo juego que puede ser descrito como autoritarismo de derecha post-verdad. Hacen un amplio uso de los medios de comunicación social para transmitir el odio hacia los demás a través de sus seguidores, adoptando una pedagogía de la "monstruosidad" (similar a la descrita en Fernandes, Souza e Silva y Barbosa 2018) que se basa en los recursos y el nacionalismo cultural. Por lo tanto, el nacionalismo se convierte en una norma fuerte que desplaza las normas y los principios de justicia que apoyan el desarrollo sostenible.

La respuesta a este tipo de política requiere el fortalecimiento de las normas y la justicia para promover el desarrollo sustentable de las periferias y, de esta manera, el desarrollo sostenible para todos. Con nuestra atención puesta en los pueblos indígenas brasileños, en este breve artículo, argumentamos que el desarrollo sostenible es un trabajo en progreso; discutimos la importancia de ciertas normas para garantizar el desarrollo sostenible, y la manera en que estas normas han sido erosionadas por los actuales juegos políticos, y terminamos con algunas reflexiones sobre la justicia.

El desarrollo sostenible como un trabajo en progreso continuo

La idea de un desarrollo sostenible para todos descansa en un frágil equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes "sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1987). La búsqueda de este equilibrio ofrece bases sólidas para una pedagogía de la coexistencia en la que la solidaridad sustituye al odio hacia los "otros" (cf. Fernandes, Souza e Silva, y Barbosa 2018). Pero alcanzar este equilibrio es una tarea difícil. En primer lugar, no todos los individuos de las generaciones actuales tienen el mismo nivel de poder en la toma de decisiones que les afectan. En segundo lugar, las generaciones futuras no tienen voz ni voto en la toma de decisiones actuales que afectarán a sus vidas. En tercer lugar, la participación no es suficiente: algunas decisiones que afectan tanto a las generaciones presentes como a las futuras -por ejemplo, las relativas a la adaptación al cambio climático, la gestión de los ecosistemas o la simple transición a una economía con bajas emisiones de carbono- son complejas y requieren tanto conocimientos científicos como tradicionales.

Por ello es necesario que las personas y comunidades más vulnerables, las que se encuentran en las periferias, como las comunidades indígenas, puedan participar efectivamente en la toma de decisiones que afectan a sus vidas; y que se establezcan normas que guíen a las generaciones presentes en la toma de decisiones para no poner en peligro a los más vulnerables en el presente y en el futuro.

En el plano nacional, las constituciones modernas establecen las normas fundamentales para orientar la toma de decisiones. Docenas de constituciones de todo el mundo afirman el objetivo de promover el desarrollo sostenible. Algunas van más allá: la Constitución del Ecuador afirma que la naturaleza "tiene derecho al respeto integral de su existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos" (Ecuador 2008). Las constituciones también establecen mecanismos para que el individuo y la comunidad participen en la toma de decisiones sobre aspectos que afectan sus vidas.

La constitución colombiana establece que "todo individuo tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano" y pide la "participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo" (Colombia 1991). Asimismo, las constituciones intentan dar poder a los que son vulnerables. El artículo 231 de la constitución brasileña sostiene que "la utilización de los recursos hídricos, incluido su potencial energético, y la prospección y explotación de las riquezas minerales en las tierras indígenas sólo pueden hacerse con la autorización del Congreso Nacional, después de escuchar a las comunidades involucradas" (Brasil 1988). 

Así pues, en diferentes constituciones, las normas que promueven el desarrollo sostenible son similares, lo cual no es una casualidad. Esta difusión de normas entre países es impulsada por procesos internacionales (cf. Risse, Ropp, y Sikkink 2013; Droubi 2017). De hecho, muchas de estas normas están respaldadas por tratados internacionales (por ejemplo, la "Convención C169" de 1989; el "Acuerdo de París" de 2015). El artículo 231 de la Constitución brasileña, por ejemplo, tiene su lugar en el contexto del Convenio C169, que es obligatorio para los países, que como el Brasil,  lo han aceptado.

Este Convenio afirma que "los gobiernos establecerán o mantendrán procedimientos mediante los cuales consultarán a los pueblos [indígenas], con miras a determinar si sus intereses resultarían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de exploración o explotación de los recursos de sus tierras" ('Convenio C169' 1989, Art. 15[2]). Pero los esfuerzos internacionales complementan los esfuerzos nacionales de otra manera, por ejemplo, cuando la ONU afirma que, independientemente de las leyes nacionales, las empresas tienen la responsabilidad internacional de llevar a cabo la debida investigación para determinar los impactos de sus actividades en los derechos humanos, incluso mediante "consultas significativas" con las comunidades afectadas (OACNUDH 2011, Principio 18; véase Droubi 2015).

Ha habido esfuerzos transnacionales, llevados a cabo por innumerables actores internacionales y nacionales, con el fin de fortalecer las normas que son cruciales para garantizar el desarrollo sostenible para todos. A estos actores los llamamos emprendedores de normas, que aportan visibilidad a las periferias; definen los problemas que les afectan; promueven normas para abordar estos problemas, y ayudan a la sociedad a comprender e internalizar estas normas hasta un punto en el que su cumplimiento es "automático". A medida que más individuos toman conciencia de los problemas y cumplen con estas normas, exigen el cumplimiento de otros actores, como las empresas y los gobiernos. Hablar de desarrollo sostenible es hablar de un trabajo en curso a nivel nacional e internacional, dirigido a la construcción de identidades individuales y colectivas, para que los comportamientos sean vistos como "naturales". A continuación, abordamos algunos de estos problemas y normas.

De la sostenibilidad ecológica a los conocimientos y la participación indígenas

La idea que fundamenta el principio de la sostenibilidad ecológica no es nueva (Boff 2017), y este principio requiere que las actividades económicas se desarrollen respetando la capacidad de carga de los ecosistemas (Ross 2009; Bas Vilizzio et al. 2019). Es importante para todos los pilares del desarrollo sostenible: el económico, el ambiental y el social. Por ejemplo, hoy en día está claro que la explotación insostenible de los recursos conduce a la destrucción de los ecosistemas, lo que pone en peligro la salud humana (Corvalan, Hales y McMichael 2005; Aragão et al. 2016; Galvani et al. 2016). En particular, la destrucción de los ecosistemas desplaza a los animales que se acercan a los hábitats humanos, facilitando la transmisión de patógenos entre especies, a los humanos, causando epidemias (Sttele et al. 2020; Vidal 2020).

Esto crea una presión sobre las instituciones públicas, como los sistemas de salud, resultando en el incumplimento de sus objetivos. Si bien esto afecta a poblaciones enteras, es particularmente perjudicial para las periferias (por ejemplo, APIB 2020b; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 2020; también, Cambricoli, Santana y Nogueirão 2020; Laughland 2020). Debido a que las periferias son las más afectadas, la desigualdad aumenta, aumentando la miseria social. Por lo tanto, garantizar la sostenibilidad ecológica es primordial, pero este principio también depende del respeto a otras normas. 

Sin duda, la protección de la capacidad de carga de los ecosistemas implica decisiones sobre cuestiones complejas, lo que requiere conocimientos especializados, no sólo científicos sino también tradicionales. Como explicó el juez Weeramantry de la Corte Internacional de Justicia, un responsable de la toma de decisiones debe "basarse en [el análisis de una situación] el conocimiento científico disponible" en el momento en que se realiza el análisis (‘Caso de los Ensayos Nucleares (Revisión)' 1995). Este es el principio de intertemporalidad, que también se afirma en el Protocolo de Kyoto y en el Acuerdo de París ('Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto' 2012; 'Acuerdo de París' 2015).

Estudios recientes sugieren otro aspecto del principio, que se refiere a los conocimientos de los indígenas y locales sobre la gestión del medio ambiente, que está demostrando ser crucial para la protección de los ecosistemas (Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas 2019) y la adaptación al cambio climático (Adger et al. 2014). Evidentemente, el cumplimiento del principio de intertemporalidad, tal como se formula aquí para abarcar también los conocimientos tradicionales, crea desafíos en la teoría y en la práctica. Desde un punto de vista epistemológico, por ejemplo, se plantea la pregunta sobre la manera en que se han de conciliar los conocimientos científicos y los tradicionales (para un debate interesante, Santos 2007).

En la práctica, los encargados de la toma de decisiones suelen tropezar con dificultades insuperables para transformar las recomendaciones científicas en políticas (Droubi 2020). Además, el diseño de las instituciones y procesos políticos no suele ser receptivo a las diferentes ideologías, en particular las de las periferias.

Múltiples estudios muestran que la naturaleza declina menos rápidamente en las tierras indígenas, y que la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones respecto a sus vidas mejora la protección de los ecosistemas (Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas 2019, B6, D5). Así pues, no sólo su participación mejora las perspectivas de que se satisfagan adecuadamente sus necesidades (Organización Mundial de la Salud 1999), sino que también contribuye a proteger el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que las comunidades indígenas tienen derecho a participar en la toma de decisiones relativas a las actividades económicas en sus territorios (‘Caso Sarayaku c. Ecuador’ 2012; véase Droubi 2015, Courtis 2009). En realidad, el llamado a su participación tiene un largo historial, como ilustra el Informe Brundtland de 1987 (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1987).

Con respecto al fundamento sobre el derecho a participar, el Convenio C169 exige a los gobiernos que consulten a los pueblos indígenas de buena fe y en forma apropiada a las circunstancias específicas del caso; y que establezcan procedimientos adecuados que permitan a los pueblos indígenas participar libremente en todos los niveles de la toma de decisiones y dar su acuerdo o consentimiento a una decisión con base en informaciones sólidas (Convenio C169 de la OIT; véase también ONU 2017, Artículo 19). Por lo tanto, la participación no debe reducirse a un ejercicio simbólico3Sin embargo, el riesgo de convertirse en un ejercicio simbólico parece estar siempre presente, y muchas de las implicaciones de esta situación no se entienden inmediatamente. En un debate reciente, un miembro del Ministerio Público Federal advirtió que, en el contexto actual de altos niveles de violación de los derechos de los indígenas (lo que ilustra con la presencia de más de veinte mil mineros ilegales sólo en la reserva yanomami), los debates sobre los proyectos de ley que regulan la exploración de minerales y recursos energéticos en las tierras indígenas pueden tener el efecto de legitimar las violaciones actuales (Câmara dos Deputados 2019)..

La acusación populista contra las normas, instituciones y actores

La actual ola populista de derecha, marcada por el nacionalismo cultural y de recursos, intenta establecer un tipo de nuevo momento constitucional, es decir, una profunda renovación de las normas e instituciones, incluyendo las que están ahí para proteger a las comunidades indígenas. El populismo encuentra gran parte de su legitimidad invocando el nacionalismo de recursos, que se convierte en una norma poderosa, que compite y prevalece sobre principios como la sostenibilidad ecológica, la intertemporalidad y la participación. También es una norma que justifica un ataque a las instituciones: se evitan las instituciones nacionales (Alessi 2020); se denuncian las instituciones internacionales (Alves 2020). En nombre del nacionalismo, se silencia a las periferias y a los emprendedores de normas, y se denuncia y ataca a las universidades y a los académicos (Scholars at Risk 2019). En resumen, se erosionan y debilitan las normas, instituciones y actores que han venido promoviendo el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas y otras comunidades vulnerables.

Todo esto se hace evidente, por ejemplo, en el discurso del presidente brasileño que abrió los trabajos de la Asamblea General de la ONU en 2019. De una sola vez, dio una conferencia acerca de la soberanía sobre la Amazonia en el sentido más restringido; defendió la explotación de oro y otros minerales en los territorios indígenas; afirmó que las organizaciones no gubernamentales quieren mantener a los nativos brasileños en la condición de "hombres de las cavernas"; intentó sustituir a un conocido líder indígena, que ha estado actuando como un emprendedor de normas por los derechos de los indígenas, por alguien de su propia elección; y pidió que el principio de soberanía, y todas las leyes internacionales y nacionales, se guiaran por su visión de la fe cristiana (Presidente da República do Brasil 2019). Sobre el terreno, las invasiones de territorios indígenas por parte de individuos y grupos armados en busca de minerales, se han descontrolado (Reuters 2019); mientras que el gobierno, según se informa, utiliza la pandemia para impulsar la legalización de las invasiones pasadas y actuales (APIB 2020b; D. Phillips 2020) y el debilitamiento de la protección del medio ambiente (Colombari y Mesquita 2020). Se multiplican las advertencias sobre un inminente genocidio  (Phillips 2020). Todo esto ha estado causando un profundo cambio en la identidad del país (Passarinho 2019).

Es evidente que la respuesta al populismo requiere el fortalecimiento de las normas y los actores. Pero si el populismo se basa en una versión restringida del nacionalismo de los recursos para justificar una explotación insostenible de los mismos, las normas que sustentan la justicia, y la justicia energética en particular, emergen como una fuerza fuerte contra el populismo -y a favor del desarrollo sostenible (ONU 2019).  

Nueva justicia para las comunidades indígenas, para todos

La erosión de la justicia para las comunidades indígenas sigue ocurriendo en todo el mundo (véase Tzai 2019). Como se ha indicado anteriormente, es evidente, en particular, la carrera en torno a los recursos. Estos recursos son de diferentes tipos pero, en general, contribuyen al desarrollo económico y se puede afirmar que en muchos casos la carrera va a continuar. La demanda por los diferentes tipos de recursos puede cambiar, pero en general el impacto continuo en las comunidades indígenas e incluso en las comunidades locales en general seguirá siendo el  mismo. El desarrollo económico continúa a un ritmo en el que la desigualdad social sigue aumentando.

Múltiples ganadores del Premio Nobel de los últimos tiempos se han centrado en el aumento de la desigualdad, Joseph Stiglitz por ejemplo, e incluso los recientes ganadores de 2019, Esther Duflo y Abhijit Banerjee. Las acciones contra las comunidades indígenas dan lugar a la continuación de la desigualdad en la sociedad, ya que nunca dan como resultado beneficios positivos para solucionar los problemas creados. En esencia, las tierras de las comunidades indígenas son explotadas y los ingresos extraídos no se distribuyen equitativamente. 

La sociedad ha estado avanzando y hay una creciente concientización de que se necesita más justicia en la sociedad. En el centro del problema está la carrera por los recursos energéticos, y cuando se extraen estos recursos, esto debería suceder de acuerdo con un nuevo conjunto de normas. La "vieja" forma de hacer las cosas claramente no funciona. De hecho, hay un amplio reconocimiento de esto en todo el mundo y esta nueva área de investigación de "justicia energética" ha surgido para abordar este llamado a una mayor justicia para garantizar que se aborden las cuestiones de desigualdad (Heffron y McCauley 2017).

En el centro de la justicia energética se encuentran la aplicación de cinco formas clave de justicia (Heffron y McCauley 2018) que son: 

  • Justicia distributiva - se trata de la distribución de los beneficios del sector energético y también de los aspectos negativos (es decir, ¿se reparten suficientemente los ingresos del petróleo y el gas?; ¿quién sufre el daño ambiental?;
  • Justicia procesal - aquí se centra en el proceso legal y en todos los  pasos legales necesarios (es decir, ¿se observan todos los pasos para una declaración de impacto ambiental?;
  • Justicia de reconocimiento - ¿se reconocen los derechos de los diferentes grupos de la sociedad? (es decir, en particular, ¿se reconocen los derechos de las comunidades indígenas?);
  • Justicia de cosmopolitismo - esto se deriva de la creencia de que todos somos ciudadanos del mundo y, por lo tanto, ¿hemos considerado los efectos más allá de nuestras fronteras y de un contexto mundial?;
  • Justicia restaurativa - cualquier injusticia causada por el sector energético debe ser rectificada y se centra en la necesidad de hacer cumplir determinadas leyes (es decir, los yacimientos energéticos  deben volver a su uso anterior, por lo que la política de gestión de residuos y el desmantelamiento deben realizarse de manera adecuada).

Es necesario aplicar estas cinco formas de justicia para asegurar que la sociedad obtenga resultados más beneficiosos de la explotación de los recursos y, en particular, cuando se trata de comunidades indígenas (véase "justicia de reconocimiento"). El beneficio de estas formas de justicia que colectivamente puede afirmarse que forman la esencia de la 'justicia energética' es que tienen por objeto abordar el problema antes de que surja. Con demasiada frecuencia, el enfoque de la justicia climática y la justicia ambiental es sólo después de que el problema aparece. Es necesario que haya rendición de cuentas y que se tomen medidas para abordar la desigualdad, y es en la fuente de las actividades problemáticas en torno a la explotación de los recursos donde se produce la primera acción.

Hay pasos legales en términos de Diagnóstico de Impacto Ambiental pero claramente estos no se aplican en todo el mundo y no cumplen con las cinco formas de justicia en la cual consiste la justicia energética. De hecho, las Evaluaciones de Impacto Ambiental sólo se aplican en la fase de desarrollo del proyecto y luego, en la mayoría de los países, no hay una supervisión formal del funcionamiento del proyecto o del cierre del mismo. Esto está cambiando, pero si se abordara durante todo el ciclo de vida del proyecto, tal vez sólo entonces las comunidades indígenas no sufrirían. En ese contexto, en algunos países se han dado los primeros pasos para desarrollar una "licencia social para operar" (Heffron y otros, 2018). 

De hecho, Colombia, por ejemplo, ha sido más progresista en la protección de las comunidades indígenas que el Brasil con un tipo de "licencia de explotación social". En unos pocos casos, el responsable del proyecto y las comunidades indígenas y locales no pudieron llegar a un acuerdo a pesar de la promesa de un desembolso importante por parte del responsable del proyecto y, en consecuencia, el proyecto no siguió adelante (Heffron y otros, 2018). En esencia, el desarrollador del proyecto no estaba dispuesto a cumplir las nuevas normas (es decir, a garantizar que la justicia en materia de energía se considerara en función de las cinco formas de justicia) que se habían exigido. En términos jurídicos, Colombia ha ido más allá de sólo permitir que una evaluación del impacto ambiental sea el mayor obstáculo jurídico para asegurar el permiso de extracción (y en esencia de explotación de los recursos). 

Hacia una nueva dinámica — Desarrollo sostenible para todos

Toda la sociedad tiene que asumir un papel en la lucha contra las injusticias que sufren las comunidades indígenas en el Brasil. El desarrollo en las tierras de las comunidades indígenas, los ataques a su modo de vida y su colocación en comunidades marginales que sufren desigualdad no deben depender del capricho de un líder político del tipo "hombre fuerte". Es necesario que se apliquen a estas comunidades en Brasil acciones coherentes e independientes que se basen en la búsqueda y la garantía de la participación (y la inclusión, en su sentido más amplio) y la justicia. El fortalecimiento de normas y procedimientos sustentables, que promuevan la participación libre e informada en la toma de decisiones y la impartición efectiva de justicia, son mecanismos que contribuyen al empoderamiento de los pueblos indígenas, permitiendo que sus ideologías y conocimientos sean reconocidos en sus propios términos, en lugar de contrastarlos con las ideologías y conocimientos hegemónicos, en contraste con la definición hegemónica de "nacionalismo" (en otras palabras, la participación y la justicia contribuyen al fortalecimiento de un paradigma de potencia, como se describe en Fernandes, Souza e Silva, y Barbosa 2018). 

En este sentido, pedimos que las comunidades indígenas sean tratadas de acuerdo con las nuevas normas internacionales emergentes de justicia energética. Si todas las partes interesadas que participan en la extracción de recursos rinden cuentas de acuerdo a las normas de justicia energética, es decir, mediante la justicia distributiva, la justicia procesal, la justicia de reconocimiento, la justicia del cosmopolitismo y la justicia restitutiva, todo desarrollo que se produzca garantizará que las comunidades indígenas no sufran las desventajas del desarrollo económico ni entren en una senda de desigualdad, una senda que ya se ha creado para demasiadas personas debido al sistema existente. Ha llegado el momento de cambiar y varias de nuestras otras naciones sudamericanas están tomando medidas ya como se ha dicho anteriormente. Este llamado a la justicia energética debe ir más allá del cortoplacismo de la políticas actuales.

También pedimos la reafirmación de las normas que sustentan el desarrollo sostenible. Hacemos un llamado para que se reconozca a los emprendedores de normas -líderes indígenas, defensores de los derechos humanos, académicos- por el importante papel que desempeñan en ayudar a la sociedad a aprender nuevas actitudes y adoptar nuevos comportamientos. Su esfuerzo ya ha demostrado ser importante: por ejemplo, las grandes empresas mineras parecen más cautelosas en lo que respecta a la exploración de minerales en tierras indígenas (Fellet 2020).  Cada vez es más evidente que la destrucción del medio ambiente puede dar lugar a acontecimientos como la actual pandemia, lo que somete a las instituciones a una gran tensión y aumenta aún más la desigualdad. Por ello, hoy más que nunca, es importante que todos los segmentos de la sociedad comprendan que los conocimientos indígenas ayudan a proteger el medio ambiente, a administrar los ecosistemas y a adaptar y mitigar el cambio climático; que la participación de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones fomenta el desarrollo sostenible para todos. 

 


 

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Sufyan Droubi | Brasil |

Doctor Sufyan Droubi, Facultad de Derecho de Dundee, Universidad de Dundee, Reino Unido

Raphael J Heffron | Irlanda |

 Profesor Raphael J Heffron, Centro de Derecho y Política de los Minerales de Petróleo, Universidad de Dundee, Reino Unido

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