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periferias 9 | Justicia y derechos en migraciones Sur-Sur

foto: Rodolfo Teixeira

"La migración haitiana: la oportunidad de Brasil de apoyar más al mundo"

Entrevista con el profesor y abogado Paulo Abrão, Secretario Nacional de Justicia de Brasil entre 2011 y 2014

marzo de 2024

traducido por Pilar Boyero Sotomayor

¿Ha sido la migración haitiana en Brasil una oportunidad para actualizar nuestra política y gobernanza en materia de migración y refugiados??

Paulo Abrão: Este momento supuso  un cambio paradigmático dentro del Estado brasileño en cuanto a nuestra política migratoria. Como todos sabemos, veníamos de un largo período de aplicación del Estatuto del Extranjero, concebido durante la Dictadura Militar, completamente impregnado de una doctrina de seguridad nacional, donde los 'extranjeros eran considerados enemigos' y los elementos de seguridad eran la prioridad,  por encima de los principios de derechos humanos.

Una lógica que, de alguna manera, resultaba muy conveniente para el Estado brasileño, pues por otro lado, adoptaba un discurso de país plural y no discriminatorio, basado en una historia de acogida de diversos pueblos, y reconociendo  que los propios brasileños eran el resultado de esa rica mezcla cultural.  

De esta manera, tener una legislación "suficiente", con medidas específicas por parte del Estado brasileño en términos de receptividad a los grupos de población migrante, sería una clara demostración de que nuestra sociedad abogaba por la diversidad, y no era xenófoba. Era un discurso ideológico muy bien pensado. Pero en la práctica, desde el punto de vista humanitario, nos enfrentábamos a situaciones abusivas de discriminación permanente, a la falta de un sistema de integración local, a la ausencia de visados  y sobre todo, a la ausencia de una política nacional de migración, que se traducía en una dinámica social de diferenciación entre "migrantes de primera y de segunda", entre el migrante deseable y el indeseable.

Nos enfrentábamos a situaciones abusivas de discriminación permanente, a la falta de un sistema de integración local, a la ausencia de visados  y sobre todo, a la ausencia de una política nacional de migración, que se traducía en una dinámica social de diferenciación entre "migrantes de primera y de segunda", entre el migrante deseable y el indeseable.

 

En 2011, fui invitado a asumir la Secretaría Nacional de Justicia, y una de las áreas bajo mi supervisión era el Departamento de Migración. Ya se había generado una creciente demanda de reforma para el Estatuto del Extranjero, debido a sus múltiples obstáculos para la regularización de extranjeros en Brasil. Además, era una política tímida frente a la contribución solidaria que Brasil podía hacer al mundo.

Mientras que países centrales y algunas capitales europeas tienen hasta un 20% de su población compuesta por extranjeros, Brasil tenía menos del 1%. Esto no solo contradecía la imagen de un país abierto a la migración, sino que en la práctica, dicho flujo migratorio se veía restringido por demasiados obstáculos legales.

Por lo tanto, ya existía la intención de incorporar un enfoque de derechos humanos en la política migratoria brasileña, buscando así un Brasil más relevante ante las grandes crisis migratorias mundiales, más solidario y más coherente y consecuente con nuestros discursos oficiales de política exterior.

Durante ese mismo período, nos encontramos con una gran afluencia de migrantes haitianos en el norte de Brasil, motivada por el terremoto de 2010 y su situación de violencia. Además, Brasil tenía una responsabilidad particular, habiendo liderado la coordinación de la MINUSTAH [Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, 2003-2017] durante años. Responsabilidad, que tenía la presión añadida de no haber resuelto el problema y de haber dejado un rastro de violaciones de derechos humanos a su paso. Son muchas las historias de hijos no reconocidos de militares, ninguno de los cuales acabaría siendo reconocido oficialmente. También cabe mencionar el trágico episodio de la masacre perpetrada por las Fuerzas Armadas brasileñas en Cite Soleil, donde nunca se rindió cuentas de manera individual. En este contexto vimos en la migración haitiana una oportunidad para iniciar un debate crucial sobre los derechos humanos de los migrantes.

 

¿Se considera un flujo migratorio sin precedentes en Brasil?

Fue un flujo migratorio excepcional y sin precedentes en nuestra historia debido a las circunstancias que lo motivaron. La migración intrarregional en Sudamérica tiende a ocurrir entre países de habla hispana, o bien implica un movimiento Sur-Norte. Brasil no es típicamente un destino para este tipo de flujo migratorio. Nunca antes habíamos enfrentado una migración que trascendiera los países vecinos con los que compartimos frontera terrestre, como ocurre con los bolivianos y paraguayos. Sobre todo, en lo que respecta al considerable flujo concentrado en un período de tiempo específico, como sucedió con la migración haitiana que comienza a fines de 2010 y se intensifica a partir de 2011.

El último gran flujo migratorio ocurrió en el siglo pasado, o a finales del siglo anterior, y fue principalmente de migrantes europeos blancos. Esta migración puede considerarse como la única política migratoria nacional oficial, con el objetivo de 'blanquear' nuestra población. En aquel entonces, el Estado decidió que era necesario aumentar la población blanca en Brasil, y por ello promovió la llegada de italianos, alemanes, polacos, españoles, entre otros, proporcionándoles tierras para asentarse en el sur y el sudeste del país.

Asumí el cargo de Secretario Nacional de Justicia en enero de 2011, justo cuando la migración haitiana estaba cobrando fuerza tras un aumento inicial hacia finales de 2010, aunque los números aún eran relativamente bajos. Recuerdo claramente como ya a mediados de diciembre empezó a informarse en prensa sobre el creciente flujo de migrantes haitianos.

En aquel momento, había poco más de 1000 personas entrando en Brasil por Tabatinga, en Amazonas. De repente comenzó a surgir una comunidad negra significativa en Manaos y esto provocó una sensación de extrañeza, una reacción social. La gente quería saber quiénes eran, cómo habían llegado, si su situación era regular o no. La Policía Federal emitió una alerta, y la primera respuesta institucional fue no dejarlos entrar, cerrando la frontera brasileña.

De repente comenzó a surgir una comunidad negra significativa en Manaos y esto provocó una sensación de extrañeza, una reacción social. La gente quería saber quiénes eran, cómo habían llegado, si su situación era regular o no. La Policía Federal emitió una alerta, y la primera respuesta institucional fue no dejarlos entrar, cerrando la frontera brasileña.

El cierre del Puente de la Integración, que conecta Inãpari en Perú, con la ciudad brasileña de Assis, fue la primera medida institucional adoptada por el Estado brasileño. Esta acción generó una considerable repercusión a nivel internacional: ¿dónde quedaba aquel discurso de país abierto, humanitario y solidario?

Este primer flujo estaba compuesto por haitianos altamente cualificados profesionalmente, que emigraron debido a la falta de oportunidades en su país, el cual estaba devastado y con escasez de empleo. A pesar de ello, contaban con los recursos económicos para costear su desplazamiento y, lo que es más importante, tenían acceso a la información necesaria. La ruta habitual era desde Haití hacia la República Dominicana, luego en avión hacia Quito, Ecuador, el único país de América Latina que no requería visado en ese momento. Desde Quito, tomaban autobuses para atravesar Perú o Bolivia hasta llegar a Brasil.

Estos primeros migrantes tenían el dinero suficiente  para traer consigo sus pertenencias, pasar un par de días en Quito y llegar a la frontera con sus familias. Además, estaban al tanto de que según el Derecho Internacional de los Refugiados, al llegar a la frontera de cualquier país y declarar una solicitud de refugio en el control migratorio, el país tiene  la obligación internacional de permitirles la entrada. El principio es: a priori, proteger. Luego se evalúa si la solicitud de asilo será aprobada o no. Pero la solicitud ya se tramita con la persona dentro del territorio nacional.

En principio, la obligación de la Policía Federal, encargada del puesto de migración, es permitir la entrada y comenzar el proceso de solicitud de refugio, remitiendo el caso al Comité Nacional de Refugiados (CONARE) para su evaluación. Sin embargo, estaban ante un callejón sin salida, puesto que habían recibido la orden de no permitir el ingreso de personas, pese a tener conocimiento de que, según la ley, toda persona que solicite refugio tiene derecho a entrar.

¿Dónde quedaba aquel discurso de país abierto, humanitario y solidario?

e repente comenzó a surgir una comunidad negra significativa en Manaos y esto provocó una sensación de extrañeza, una reacción social. La gente quería saber quiénes eran, cómo habían llegado, si su situación era regular o no. La Policía Federal emitió una alerta, y la primera respuesta institucional fue no dejarlos entrar, cerrando la frontera brasileña.

 

¿Un revés total?

Una medida totalmente insólita, nunca antes había ocurrido que el representante de la CONARE se desplazara hasta el  propio puesto migratorio para denegar las solicitudes en tiempo real. Nunca vi la estructura estatal tan eficiente y diligente. La preocupación era proteger el sistema de refugio, no proteger a las personas. La vida humana no estaba en el centro de este procedimiento, la víctima no era el centro de atención. La principal preocupación era proteger la burocracia de una demanda en aumento. Sin embargo, los hechos sociales siempre superan a la administración y a la voluntad burocrática del Estado. Este flujo migratorio estaba bien organizado y solo se intensificó con el tiempo.

La vida humana no estaba en el centro de este procedimiento, la víctima no era el centro de atención. La principal preocupación era proteger la burocracia de una demanda en aumento. Sin embargo, los hechos sociales siempre superan a la administración y a la voluntad burocrática del Estado. Este flujo migratorio estaba bien organizado y solo se intensificó con el tiempo.

Tras el cierre del puente de Iñapari, la migración encontró nuevos caminos a través de una frontera en la Amazonia, reconocida por su falta de control migratorio. Aquellos que enfrentaban obstáculos para ingresar a Iñapari optaron por atravesar la selva hasta llegar a Cobija, en Bolivia, y así entrar por Epitaciolândia, en Acre.

Observamos así, como una decisión burocrática, destinada a proteger la institucionalidad del Estado  en su incapacidad de procesar sus deberes y sus obligaciones en virtud de los convenios internacionales, afecta directamente la seguridad y la vida de las personas al exponerlas a mayores riesgos.

Además, esta ruta hacia Bolivia se convirtió en una fuente de explotación para traficantes, que ofrecían alternativas peligrosas. Así emerge un mercado ilegal marcado por la explotación, el lucro y el abuso.

 

¿Se conocía en ese momento la razón por la que se elegía a Brasil como destino?

Brasil se vendía al mundo como una nación próspera, con un crecimiento económico notable, una disminución del desempleo y programas sociales para los más pobres, además de una amplia visibilidad internacional. El presidente Lula había elevado el perfil del país al organizar eventos de gran magnitud como la Copa Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos y la Conferencia Río+20. Al finalizar su mandato, Lula gozaba de una gran popularidad y la economía continuaba creciendo. Además, su enfoque diplomático quedó patente al organizar partidos de fútbol en Haití con la selección brasileña. Todo esto contribuyó a generar una fuerte impresión en la imaginación social haitiana.

 “Brasil es una nación amiga que nos brinda ayuda, vayamos a Brasil que seguro que nos acogerá”.  En la imaginación haitiana, Brasil representaba la tierra de la prosperidad, la tierra de las oportunidades.

Cuando asumí la presidencia del CONARE, identifiqué que estábamos frente a dos grandes oportunidades. La primera era establecer una política migratoria en la que Brasil pudiera ser más solidario a nivel internacional.

Ante este escenario, cuando asumí la presidencia del CONARE, identifiqué que estábamos frente a dos grandes oportunidades. La primera era establecer una política migratoria en la que Brasil pudiera ser más solidario a nivel internacional. La segunda consistía en enfrentar las restricciones impuestas por la legislación autoritaria del Estatuto del Extranjero, promulgado durante la dictadura militar, y trabajar en la creación de una nueva ley más moderna y acorde con la aspiración del país de ser un actor global.

A partir de ese momento, nos propusimos establecer un nuevo enfoque, una nueva lógica que permitiera la entrada de todas las personas, reconociendo este acto como un deber humanitario y además considerando que la migración podría ser un factor positivo para nuestro ciclo de crecimiento económico. Esta fue una decisión política adoptada por mi secretaría en el Ministerio de Justicia. Con el creciente flujo migratorio, se hizo evidente la necesidad de una respuesta institucional coordinada y articulada. Observábamos un promedio de 100 personas cruzando la frontera diariamente, lo que representaba aproximadamente 3,000 migrantes al mes.

 

¿Fue fácil aceptar una decisión política en una estructura tan burocrática?

Fue dificilísimo, provocó resentimientos en varias otras áreas. Encontramos resistencia institucional tanto en sectores de Itamaraty como en la Policía Federal, además del Ministerio de Trabajo. Desde la perspectiva de la Policía Federal, se planteaba la preocupación de que esta medida pudiera facilitar la entrada del crimen organizado, argumentando: "No tenemos información sobre estas personas ni sabemos si tienen antecedentes penales"

Creo que una de las declaraciones más impactantes y horribles que he escuchado en mi vida, provino de una alta autoridad de Itamaraty durante estos diálogos institucionales. Dijo: "Brasil es un país solidario, estamos abiertos a la migración, e incluso podríamos establecer una cuota anual para recibir a 100,000 migrantes de diferentes lugares. Pero este no es el tipo de migración que nos interesa". Esto me chocó en su momento por el racismo explícito en medio de una reunión en la Casa Civil.

El Ministerio de Trabajo también tuvo que gestionar la preocupación de que esa puerta abierta a los extranjeros supusiera una competencia en el mercado laboral para los trabajadores brasileños. Recordemos que importantes centrales sindicales brasileñas integran el Consejo Nacional de Inmigración.

A arquitetura normativa e institucional ali era a de ter uma política migratória controlada, na qual se aprova cada pedido de visto de trabalho. Não havia ferramentas para regularizar aquele tipo de demanda, com ênfase humanitária e massiva

La arquitectura normativa e institucional era tener una política migratoria controlada, en la que toda solicitud de visa de trabajo fuera aprobada. Sin embargo, no había herramientas para abordar de manera adecuada la creciente demanda con este enorme componente humanitario. Y la imagen del país ya empezaba a verse afectada: "Brasil está deteniendo en la frontera a migrantes que buscan refugio de catástrofes naturales".

En cierto modo, la burocracia se encontraba atrapada en la creación de soluciones para problemas que ella misma estaba generando. Muchos expresaban su preocupación de que si adoptábamos una actitud acogedora (simplemente cumpliendo con las obligaciones internacionales), esto podría incentivar a más personas a venir y desencadenar una "crisis migratoria". Una reacción alarmista habitual. Me preguntaba: ¿qué tipo de crisis migratoria? Si Brasil no tiene un 15%, un 10%, un 5% o incluso un 1% de migrantes. Siendo un país continental en crecimiento económico, la verdadera crisis residía en detenerlos en la frontera, en la violación del derecho internacional. La verdadera crisis radicaba en la ausencia de una legislación que contemplara una visa humanitaria, en la falta de estructura en el departamento de extranjeros, en la carencia de políticas públicas de integración que pudieran incorporarlos de manera natural en la cadena productiva del país, brindarles acceso amplio a servicios, permitirles pagar impuestos regularmente y contribuir con nuevos conocimientos y culturas que enriquecieran al país.

Por mucho que la CONARE afirmara que no se trataba de casos de refugio, la gente continuaba llegando, solicitando asilo y encontrando formas de entrar por nuevos caminos. Dimos instrucciones a la Policía Federal de entregar el protocolo de solicitud de asilo para que la  CONARE evaluase los casos. El reto para mí consistía en regularizar la estancia de las personas, protegerlas y aprovechar al máximo esta oportunidad para el país.

Además, en caso de que se rechazara la solicitud de refugio, estaríamos obligados a expulsar a las personas, lo que las empujaría a buscar otras formas de ingresar al país, volviéndose marginadas y vulnerables a las redes de explotación ilegal. Era de interés público la necesidad de regularizar la situación de los migrantes.

 

¿Era una opción viable aceptar la solicitud de refugio?

Tradicionalmente, hay dos requisitos para solicitar refugio: un temor fundado de persecución política, o una violación grave y generalizada de los derechos humanos. Y la CONARE no aceptó la justificación de conceder refugio por violación generalizada de derechos humanos porque entendía que la motivación de esta migración era una crisis ambiental, un desastre natural, el terremoto, por lo que se trataría de una migración más propiamente económica. Los migrantes haitianos llegaban con la intención de emprender un nuevo capítulo en sus vidas.

Incluso abrimos un debate sobre la posibilidad de incluirlos como refugiados medioambientales. Obviamente existen personas que tienen que refugiarse y proteger su vida debido a catástrofes medioambientales. La idea era vincular refugio y cambio climático. Pero no tuvo éxito, era una tesis demasiado atrevida y vanguardista en aquel momento.

Como dije antes, el antiguo Estatuto del Extranjero dio origen al Consejo Nacional de Inmigración [CNIg], vinculado al Ministerio de Trabajo.  La migración en Brasil se regía por una lógica laboral, lo que implicaba un proceso de selección que priorizaba a individuos con habilidades profesionales específicas para su ingreso al país, estableciendo así una distinción entre migrantes considerados "deseables" e "indeseables".

Sin embargo, existía una laguna administrativa en una resolución de la CNIg para abordar situaciones específicas del pasado. Esta resolución administrativa permitía la aprobación de casos de omisión. Utilizamos esta resolución, que probablemente se había establecido en algún momento para favorecer a alguien, y la aplicamos a los haitianos. Argumentamos: "Esto es un caso de omisión; si no se trata de refugio, violaciones graves de derechos humanos, temor fundado de persecución política, trabajo, visa de estudio, o un caso diplomático, entonces es un caso de omisión. Si es un caso de omisión, lo regularizaremos por decisión de la CNIg".

Tuvimos que hacer una triangulación: las solicitudes llegaban al CONARE, en el Ministerio de Justicia, en forma de solicitud de refugio (que no se concedía), luego las enviábamos al CNIg, en el Ministerio de Trabajo, que se reunía para declarar que se había concedido un visado de residencia y las devolvía al Departamento de Extranjería para que se regularizaran.

Creamos un grupo de trabajo interministerial y fuimos de misión a Acre para prestar multitud de ayudas sociales inmediatas, regularizar documentos, ofrecer una acogida adecuada y una migración organizada orientada a la integración local.

Mientras tanto, creamos un grupo de trabajo interministerial y fuimos de misión a Acre para prestar multitud de ayudas sociales inmediatas, regularizar documentos, ofrecer una acogida adecuada y una migración organizada orientada a la integración local. En aquella época, la migración en Tabatinga era residual, la ruta se concentraba en torno a Epitaciolândia, en Acre, con el paso fronterizo dentro de Brasil.

Imagina Epitaciolândia, una pequeña ciudad del norte del país, y hubo una semana punta en la que llegaron más de 1.000 personas. No había ninguna estructura en la ciudad para acogerlos. Los haitianos acampaban en las plazas, así que tuvimos que montar una estructura de emergencia. Yo lideraba la misión interministerial y prefería evitar una estructura militarizada; no deseaba las tiendas militares que evocan campos de refugiados en tiempos de guerra.

Tomé intencionadamente la decisión de que no quería que participaran las Fuerzas Armadas. Prefería evitar la militarización, ya que me encontraba inmerso en una ardua negociación con la Policía Federal sobre seguridad. Su preocupación era que, al ser Brasil anfitrión de grandes eventos, esto pudiera convertirse en una puerta de entrada para terroristas.

Nos decantamos por apoyarnos en la sociedad civil organizada, contratamos a una empresa local, reformamos un cobertizo en el pueblo, compramos colchones, instalamos unos enormes aseos comunitarios y  montamos una cocina solidaria. A partir de ahí, la persona recibía un protocolo de refugiado para esperar a que se aprobara su visado de residencia, y una lista de nombres iba al CNIg para que aprobaran dichas  residencias, devolviendo el proceso al Ministerio de Justicia. Nuestra propuesta consistía en vincular la regularización migratoria con una oportunidad laboral predefinida, donde el migrante pudiera integrarse fácilmente en la sociedad a través de una red de apoyo, respaldada por un registro nacional de empleo.

Nuestra propuesta consistía en vincular la regularización migratoria con una oportunidad laboral predefinida, donde el migrante pudiera integrarse fácilmente en la sociedad a través de una red de apoyo, respaldada por un registro nacional de empleo.

Como en ese momento las tasas de desempleo del país habían alcanzado sus niveles más bajos,  lograrlo no resultó difícil, ya que estábamos experimentando un auge en los trabajos de construcción para los grandes eventos. Por otra parte, los migrantes también encontraban empleo en el sector hotelero del sur, ya que había una escasez de profesionales francófonos en el mercado laboral brasileño. Esto benefició considerablemente al sector turístico, especialmente a la industria hotelera.

Estas rutas migratorias son altamente contagiosas, por lo que  algunos de los migrantes congoleños y senegaleses, que anteriormente intentaron entrar en Brasil a través del aeropuerto de Guarulhos y se les negó la entrada, metiéndoles en un vuelo de vuelta, comenzaron a explorar otras rutas para salir de África.

Viajaban hasta España, cogían un vuelo a Quito y se sumaban a la corriente de migrantes haitianos en la entrada a Brasil. De esta manera, empezaron a llegar progresivamente congoleños, senegaleses e incluso algunos dominicanos. Aunque inicialmente su presencia era residual y poco significativa, nos enfrentábamos a una pregunta inevitable: ¿cómo íbamos a abordar la situación de los migrantes de otras nacionalidades que seguían la misma ruta? Nuestra respuesta fue contundente: entran todos. Pusimos en marcha un proceso de cooperación regional con los demás países de tránsito para coordinar nuestras acciones. Empezamos a conceder visados en Haití, Ecuador y Perú para evitar que fueran objeto de esquemas de explotación de traficantes.  Así, podrían acceder a los principales centros urbanos directamente por vía aérea, sin necesidad de pasar por Acre. Establecimos centros de referencia en São Paulo y otras ciudades para recibir a los migrantes, con el respaldo de organizaciones como Cáritas, autoridades locales y otras entidades sociales.

Algunos congoleños y senegaleses que practicaban el islam, comenzaron a trabajar en mataderos que exportan carne a países musulmanes, con sacrificios halal. Este flujo migratorio, lejos de ser considerado una amenaza para la mano de obra nacional, contribuyó significativamente al crecimiento de las exportaciones. Los migrantes participaron en la construcción de importantes infraestructuras para los eventos de gran magnitud que Brasil albergó, además de colaborar en la recepción del considerable flujo turístico. Asimismo, contribuyeron de manera destacada al sector de exportación de carne brasileña, diversificaron la oferta culinaria al abrir restaurantes de cocina internacional, asumieron roles como profesores de idiomas, y enriquecieron las expresiones artísticas, entre otros aspectos destacables.

En ese momento, también se movilizaron recursos mediante acuerdos con los estados federados, destinando fondos para la creación de lo que denominamos Centros de Referencia, Integración y Asistencia al Migrante. Estos centros servían como puntos de acogida, donde los migrantes realizaban cursos intensivos de portugués, así como otros programas de formación profesional ofrecidos por instituciones como el SESC y el SENAI. Una vez completados los cursos, los migrantes permanecían en estos centros, con oportunidades de empleo vinculadas al Sistema Nacional de Empleo. Las empresas también participaron en esta iniciativa al compartir sus necesidades de mano de obra, lo que nos permitió inscribir a los migrantes en empleos garantizados, facilitando así su integración en sus respectivas comunidades. Este enfoque colaborativo entre el gobierno central y los estados federados fue un ejemplo de cooperación sinérgica, aunque no estuvo exento de desafíos.

Fundamentalmente, fue un modelo de respuesta integral que posibilito una migración más coherente, a pesar de la xenofobia.

Fundamentalmente, fue un modelo de respuesta integral que posibilito una migración más coherente, a pesar de la xenofobia.

Nos enfrentamos a mucha burocracia y conservadurismo, pero toda la experiencia sirvió para impulsar el debate sobre la reforma del Estatuto del Extranjero y sentar las bases para crear una nueva Ley de Migración. Queríamos evidenciar la naturaleza restrictiva y limitante de nuestra legislación, cómo contemplaba a los migrantes desde la óptica de la seguridad y la protección del mercado, en lugar de adoptar un enfoque de derechos humanos que pudiera abrir camino a otras formas de migración más allá de las económicas. Era evidente la necesidad de establecer nuevos tipos de visados, y estas consideraciones sentaron las bases para la aprobación de la nueva Ley de Migración, marcando así el fin de otro legado de la dictadura.

Para materializar este objetivo, constituimos un equipo de expertos legales encargados de elaborar una propuesta para una nueva ley. Tras un exhaustivo trabajo, la propuesta fue sometida a un proceso de revisión interno por parte del gobierno, donde recibió aportes y ajustes de todas las áreas pertinentes, antes de ser remitida al Congreso para su consideración. Como resultado, se aprobó una nueva legislación que, entre otras disposiciones, introdujo una categoría de visado inexistente hasta entonces en la normativa brasileña: el visado humanitario.

La migración haitiana nos ayudó a perfeccionar nuestra legislación migratoria, que hoy en día favorece a diversos grupos de otras nacionalidades, al mismo tiempo que nos permitió dejar atrás las restricciones autoritarias legadas por la dictadura, como es el caso del Estatuto del  Extranjero.

A migração haitiana nos ajudou a aperfeiçoar nossa legislação de migração, que hoje favorece vários outros grupos de outras nacionalidades, e a derrubar o entulho autoritário, remanescente da ditadura, que era o Estatuto de Estrangeiros. 

La migración haitiana nos ayudó a perfeccionar nuestra legislación migratoria, que hoy en día favorece a diversos grupos de otras nacionalidades, al mismo tiempo que nos permitió dejar atrás las restricciones autoritarias legadas por la dictadura, como es el caso del Estatuto del  Extranjero.

Entre 2011 y 2014, regularizamos la entrada de algo más de 100.000 haitianos en Brasil. Aunque la primera respuesta fuese negarles la entrada, demostramos en la práctica que éramos capaces de integrar a los haitianos, sin que esto supusiese un perjuicio para nuestra economía y oferta de mano de obra. Brasil estaba preparado para este desafío. Sin embargo, nuestras cifras de población migratoria apenas se han visto afectadas. Y en las estadísticas de violencia, la ocurrencia de situaciones criminales involucrando migrantes haitianos son inexistentes.

En 2014, como culminación de estos esfuerzos, se llevó a cabo la Primera Conferencia Nacional sobre Migración y Refugiados (COMIGRAR). Por primera vez en la historia, la propia comunidad migrante participó en la formulación de políticas públicas migratorias, con el objetivo de diseñar una política nacional que verdaderamente reflejara las necesidades y perspectivas de los migrantes. Incluso contamos con la presencia del Alto Representante de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, que ahora es secretario general de la ONU. En un bonito discurso, destacó la importancia histórica de convocar a los migrantes para contribuir a la elaboración de políticas públicas migratorias. Aun así, organizar esta conferencia no fue tarea fácil, ya que enfrentamos resistencia para oficializarla; algunos temían que los resultados se convirtieran automáticamente en un plan vinculante para la administración pública.

 

 ¿La legislación brasileña actual es adecuada y está en consonancia con el potencial de acogida del país?

Creo que en cuanto a legislación, sí, estamos en una buena posición. En comparación con otros países, la nuestra es una de las más actualizadas. Sin embargo, en términos de política migratoria, todavía tenemos mucho por hacer. No contamos con una política migratoria clara y acorde con el potencial de nuestro país. Si esperamos ser bien recibidos y tratados en el extranjero, debemos hacer lo mismo. Brasil, como receptor de migrantes, tiene la capacidad y la responsabilidad de establecer metas más ambiciosas en términos de recepción y acogida. Tenemos los recursos y la infraestructura necesaria. En un mundo en constante cambio, la necesidad de lugares estables para vivir es más urgente que nunca.

Desde la época de la dictadura, Brasil ha sido un destino de migración.  Durante el mandato de Dilma en 2012, se produjo un cambio significativo en esta dinámica. Por primera vez, el número de inmigrantes superó al de emigrantes. Esta historia debería sensibilizarnos más sobre lo que implica recibir a personas de otras naciones. Creo firmemente que necesitamos adoptar una política migratoria más inclusiva y abierta, una que nos posicione como un país acogedor y solidario en términos de migración extranjera. Esto no solo promovería valores de diversidad, tolerancia y multiculturalismo en nuestra sociedad, sino que también demostraría nuestro compromiso con la protección y la solidaridad hacia quienes más lo necesitan. Y, sinceramente, estamos en condiciones de hacerlo.


 

Paulo Abrão | BRASIL |

Profesor, doctor en Derecho y director ejecutivo de la Oficina Washington Brasil (WBO). Fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos) de 2016 a 2020, director del Instituto Mercosur de Políticas Públicas de Derechos Humanos de 2015 a 2016 y secretario nacional de Justicia de Brasil de 2011 a 2014, cuando presidió el Consejo Nacional para los Refugiados.

@PauloAbrao

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