Colectivo Mujeres de Frente

Entre 2003-2004 hubo un ciclo de motines en las cárceles de Ecuador. Estos disturbios coincidieron, del lado de fuera de las rejas, con una serie de protestas y huelgas llevadas a cabo por movimientos sociales, organizaciones de trabajadorxs, estudiantes, colectivos de mujeres, indígenas, etc. El Estado respondió a todo esto con violencia. Ese fue el contexto en el que surgió Mujeres de Frente, colectivo que lleva 18 años trabajando dentro y fuera de la cárcel, desarrollando lo que llaman una “acción feminista antipenitenciaria”. En la siguiente entrevista, Andrea Aguirre y Elizabeth Pino, integrantes de Mujeres de Frente, hablan de la historia del colectivo, de las acciones que desarrollan, de la lectura que hacen de la reciente crisis carcelaria en Ecuador, así como de las alianzas locales e internacionales que han establecido.

¿Pueden hablarnos un poco del surgimiento del colectivo? 

Nacimos en el año de 2004 en la cárcel de mujeres de Quito como un colectivo organizado entre mujeres presas y no presas. En mayo de ese año, intensos  motines penitenciarios hicieron que las problemáticas de las prisiones se hicieran públicas, e hicieron que personas presas, entre ellas mujeres presas en la cárcel de mujeres de Quito, interpelaran a la ciudadanía preguntando por la aceptación general y coletiva de las condiciones precarísimas de su vida, de la prolongación siempre injusta de sus condenas, de los meses, incluso años, que se podía permanecer en las cárceles sin sentencia.

Un grupo de mujeres no presas en Quito se sintieron interpeladas y empezaron a formular la pregunta de por qué las organizaciones sociales de la izquierda no expresaban de ninguna manera su solidaridad para con este pueblo pobre signado por la marca de la antisocialidad. Aparecía como distinto, distante, ajeno, seguramente antagónico al pueblo pobre organizado como movimiento social antisistémico. Fue así como se dio el encuentro, en el mismo proceso de los motines, entre mujeres presas y no presas en la cárcel de Quito, que implicó, además, una apertura de discusiones públicas que interpelaban no solo a la ciudadanía en relación con la crueldad que implicaba esa condición de vida admitida de manera colectiva, generalizada, a nivel social, sino también una interpretación particular a la izquierda.

¿Cuál es el pueblo pobre digno de participar y de ser reconocido como parte de procesos revolucionarios y, al mismo tiempo, como digno de vivir en condiciones de vida humanas? Así, surgió la organización que en ese momento fue un colectivo de autoconciencia feminista sostenido en la cárcel de mujeres de Quito. 

¿Cuáles fueron las propuestas iniciales, las estrategias de intervención dentro y fuera de la cárcel, y las dificultades encontradas en esos primeros años de Mujeres de Frente y cómo lograron superarlas? ¿Qué actividades están desarrollando actualmente?

Nuestras propuestas iniciales tenían que ver con la posibilidad de construir un feminismo en la desigualdad y la diferencia. Nos parecía a todas las que íbamos integrando ese diálogo que las válidas e interesantes propuestas de auto-organización feminista en los entornos de clase media eran necesarias, pero no suficientes. Un feminismo antirracista, anticapitalista, en un país como el nuestro, en una región como la nuestra, implica necesariamente los vínculos en la desigualdad, interclasistas, los vínculos que reconozcan las tramas de racismo que nos distancian y que construyen entonces separaciones entre nosotras.

Nuestro primer objetivo, y la cárcel fue el escenario, fue la construcción de un feminismo popular que efectivamente nos pusiera en diálogo y en cooperación en la desigualdad, en el reconocimiento de nuestras desigualdades de clase y de racialización para luchar contra ellas, y al mismo tiempo, en el reconocimiento de nuestra diversidad, de la diversidad sexual que también somos, de la diversidad de posibilidades y saberes que somos, de la diversidad de inteligencias que también somos. Fue así como Mujeres de Frente se construyó como una voz de base antipenitenciaria y, más ampliamente, contra el estado punitivo y el castigo característico del orden patriarcal, que pretende ir siempre más allá de la situación concreta de la prisión.

Nuestras estrategias de intervención dentro y fuera de la cárcel implicaron justamente sostener dentro de la cárcel diálogos permanentes que empezaron a cobrar la forma de los intercambios de autoconciencia feminista, de educación popular, de escritura colectiva, y así nació nuestra revista Sitiadas que, en el primer año de nuestra existencia en la prisión, fue un mecanismo para escribir en común e irnos conociendo y comprendiendo en común. Desde adentro se planificaban todas las acciones que fuimos desplegando fuera de la cárcel, que implicaron vínculos de solidaridad con otros colectivos y organizaciones sociales, manifestaciones públicas en contra del castigo, y visibilización pública de la situación particular de las mujeres en prisión. 

Y así fuimos encontrando también nuestras propias dificultades y límites que tienen que ver justamente con la organización social del castigo como una lógica patriarcal tan profundamente arraigada que resulta prácticamente incuestionable. De hecho, nosotras, como organización abolicionista, seguimos encontrando la dificultad de que en nuestra sociedad el abolicionismo difícilmente puede pensarse como un horizonte de posibilidad.

Al mismo tiempo, de manera íntima, cercana, permanentemente debemos trabajar con una dificultad que al mismo tiempo es un reto, que son siempre preguntas por la redistribución de recursos, por el reconocimiento de las voces diversas y también por la gestión de la organización política, colectiva, en un contexto de profunda desesperanza que es lo que implantan las prisiones. 

Así que transformarnos a nosotras mismas en nuestras relaciones, construir confianza, cuidado en reciprocidad, cooperación en el ámbito de la reproducción es un proceso que permanentemente acompaña nuestra voz pública antipunitivista, de manera que hoy somos una organización que está compuesta por mujeres presas, excarceladas, familiares de personas en prisión, comerciantes autónomas de la calle, recicladoras de residuos urbanos, trabajadoras sexuales y domésticas a destajo, trabajadoras e intelectuales también remuneradas a destajo, profesoras y estudiantes.

Para nuestra organización, este diálogo contra el castigo y de cuidado en reciprocidad, en este momento implica a muchas mujeres atenazadas por los poderes punitivos del Estado, ya no solo poderes penitenciarios, la cárcel en concreto, sino el Estado punitivo patriarcal en su más múltiple expresión. Como comerciantes autónomas, por ejemplo, muchas compañeras sufrimos el “correteo” como se le llama en Ecuador a la persecución por parte de agentes de policía municipal que requisan nuestros productos y nos impiden vender. 

Son muy diversas las expresiones del estado punitivo como, por poner otro ejemplo, la intolerancia policial al trabajo sexual que también se muestra como abuso sexual policial. Por eso, Mujeres de Frente que nacimos dentro de la prisión, hoy somos una organización que desde dentro y fuera de la prisión se organiza contra el castigo, contra el estado punitivo dentro y fuera de las prisiones, contra la cultura punitivista, y también como una comunidad de cooperación y cuidado entre mujeres, niños, niñas y adolescentes que, en este momento, implica el acompañamiento dentro y fuera de la prisión, proyectos económicamente productivos: ejercicios de economía feminista en los cuales vamos experimentando y pensando en torno a posibilidades de construcción colectiva de trabajo digno.

También sostenemos juntas un espacio de acompañamiento escolar y de cuidado de niños y niñas que hace posible, gracias a la redistribución de este trabajo, que mujeres madres puedan encontrar tiempos liberados. Además, participamos de una serie de plataformas: la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina, la Alianza Contra las Prisiones de Ecuador, la Laboratoria (un espacio que involucra organizaciones feministas dedicadas a la co-investigación en América Latina y en el sur de Europa) y, por supuesto, una serie de vínculos y trabajos compartidos con el movimiento feminista y de mujeres en el Ecuador, el movimiento antirracista y anticapitalista.

Entre el primer y el segundo número de la revista que ustedes publican, la revista Sitiadas,  hubo un periodo de dos años (2004 - 2006), y entre el segundo y el tercer número el intervalo fue de 14 años (2006 - 2020). ¿Por qué demoraron tanto tiempo para publicar el tercer número?

Es importante decir que Sitiadas es una herramienta que nosotras decidimos experimentar para poder construir una voz pública y que al mismo tiempo fuera un ejercicio de elaboración íntima que permite el reconocimiento de unas por otras. Sitiadas fue una de las maneras que nosotras como colectivo experimentamos entre otras, como por ejemplo, los espacios de educación popular dentro de las prisiones, los procesos de imaginación y despliegue de acciones políticas callejeras planificadas desde dentro de la prisión y ejecutadas fuera de las prisiones, a veces, con compañeras presas para las que se conseguía permisos, y siempre en diálogo con otras organizaciones sociales, con quienes, para esos mismos años 2004 a 2010, construimos un centro social, contracultural: la Casa Feminista de Rosa.

Es así que Sitiadas, entre otras experiencias políticas de la organización, se publicó en sus primeros años y luego dejó de publicarse justamente por la concentración del colectivo de manera orgánica en otras experiencias y expresiones. Durante esos años hemos experimentado muy diversas maneras de cooperar, muy diversas maneras que han pasado por el proceso de construcción de una escuela de alfabetización y terminación de primaria, que a día de hoy encuentra su expresión en la Escuela de Formación Política Feminista y Popular. Esa escuela fue ideada justamente en el contexto del indulto masivo, de las llamadas mulas del narcotráfico, que sucedió en Ecuador en 2008.

En ese entonces, un gobierno de “izquierda” fomentó y, de hecho, materializó indultos para las llamadas mulas del narcotráfico que implicaron la excarcelación de varias compañeras de la organización. En ese contexto, y siempre de manera orgánica, siempre de manera asamblearia, fuimos identificando la transformación de nuestra situación como colectividad, estando un número importante de compañeras excarceladas.

Una compañera planteó la importancia de poder tener títulos, aunque fueran de educación primaria, para poder aspirar a alternativas laborales, a la participación en espacios colectivos; otra compañera planteó también la necesidad de abrir la organización a mujeres no necesariamente excarceladas, o no necesariamente presas, de manera que nuestros procesos educativos pudieran ofrecerse a compañeras de sectores populares que lo requirieran.

Este también era un esfuerzo por luchar contra el estigma de la prisión. Muchas compañeras excarceladas no deseaban mantener ese estigma o ese signo como rasgo central de su militancia, querían desembarazarse de la prisión. Fue así que construimos en 2008 la escuela de alfabetización y terminación de la educación primaria que implicó el involucramiento de mujeres de sectores populares no presas con quiénes fuimos pensando también el estado punitivo, y con quienes fuimos comprendiendo también cómo el Estado punitivo ópera mucho más allá de las prisiones, aun cuando encuentra en las prisiones su más tenaz, su más cruel y su más brutal expresión. 

En estos años, Mujeres de frente construyó un proceso educativo hacia adentro de la organización. Fueron años, también, en los que identificamos la necesidad de compartir el trabajo de cuidado de la infancia: en los que identificamos la violencia experimentada permanentemente por la infancia en el contexto de la cultura patriarcal. 

Fueron en años en los que consolidamos el que hoy se llama Espacio de Wawas, que implicó consolidar también un comedor popular para poder almorzar diariamente con los chicos y chicas que salían de la escuela. Consolidamos también la posibilidad de acompañamiento escolar en contextos en los que las instituciones públicas de educación, por supuesto, ofrecen la educación como un derecho, pero al mismo tiempo como castigo.

Y al mismo tiempo la voluntad de construir un espacio de derecho a la infancia, al juego, justamente, en el contexto de vida de infancias que en muchos casos son de trabajo, de responsabilización temprana, por ejemplo en el cuidado de hermanos y hermanas, son infancias de violencia sostenida.

En el contexto de la pandemia la organización se consolidó como una red de acompañamiento en la sobrevivencia. Digamos que la pandemia implicó para nosotras el reconocimiento de una situación de auténtica vida o muerte, no solo por el virus, sino por la precariedad que extremaba sus condiciones por las políticas de confinamiento, por las políticas de bloqueo del comercio callejero.

De esa manera, el contexto de pandemia se constituyó como un periodo en el que debimos consolidar los vínculos de cooperación entre nosotras para sostener nuestras vidas, y las de nuestros hijos e hijas, y fue así que decidimos reactivar Sitiadas como una voz pública necesaria en una coyuntura radicalmente nueva. 

¿Podrían decirnos algo específicamente sobre la propuesta de escritura conjunta que desarrollan en la revista? ¿Qué relevancia tiene para ustedes este tipo de escritura?

 Sitiadas es, en la práctica, un proceso de cooperación en la escritura. Varias compañeras de la organización no podemos leer ni escribir, aún cuando ese es un derecho que hemos ido construyendo progresivamente entre todas, de manera que la mayor parte de nosotras lee y escribe. Muchas de nosotras no tenemos experiencia de escritura justamente por la precariedad de nuestras vidas, por la privación del derecho al estudio, al amor a los libros, etc, de manera que escribir es para nosotras un ejercicio de enorme dificultad y que nos exige darnos la mano. Sitiadas es un proceso de apertura a las posibilidades de la escritura testimonial, y también de apertura a muy diversas experimentaciones de escritura colectiva. 

Como resultado de procesos de co-investigación sostenidos durante meses, como resultado de diálogos sostenidos entre dos o más compañeras, también a lo largo de meses, de acompañamiento en la producción de un texto y en la edición del mismo, siempre preguntándonos por la posibilidad de construir perspectivas propias, que no impliquen la imposición de la perspectiva de unas sobre otras.

De manera que es una siempre tensa pregunta por la posibilidad de construcción de una voz colectiva, desde abajo,  reconociendo y siempre tensionándonos en relación con las desigualdades, con los racismos que también nos atraviesan. Por eso Sitiadas es un esfuerzo que metodológicamente siempre es múltiple, que implica diversas iniciativas para pensar las posibilidades de escribir colectivamente, es un experimento, es un laboratorio de experimentación metodológica en torno a la escritura. 

Sabemos que recientemente Mujeres de Frente se unió a otros colectivos y organizaciones en Ecuador para formar la Alianza Contra las Prisiones. ¿Podrían explicarnos cómo surgió la idea de la Alianza y cuáles son sus objetivos?

En el marco de la primera masacre, en febrero de 2021, nació la Alianza Contra las Prisiones, una organización de organizaciones que discute las prisiones en Ecuador y que intenta posicionar una perspectiva abolicionista penal y algunas demandas concretas en favor de la población actualmente presa y sus familiares. La Alianza Contra las Prisiones involucra a algunas instituciones, como Kaleidos, de carácter más académico, a organizaciones de base como Mujeres de Frente, y Corredores Migratorios, a organizaciones derechos humanos como Fundación Dignidad, CDH o INREDH, y a personas que quieren, de hecho, participar de este proceso.

Es una Alianza que funciona de manera asamblearia, que permanentemente está deliberando de manera colectiva, franca, abierta, en torno a las prisiones, que surgió de la angustia de las masacres y que se ha sostenido como discusión pública con un horizonte abolicionista penal. Se trata de un espacio plural y se trata del proyecto de poner en común las voces críticas y radicales que no tienden a la reforma penitenciaria, sino a la abolición de las prisiones.

En sus 18 años de existencia, Mujeres de Frente ha vivido diferentes momentos del sistema penitenciario ecuatoriano. Uno de los momentos más significativos fue el año 2014 cuando se produjo una "modernización" del sistema, la cual fue llevada a cabo por el entonces gobierno del presidente Rafael Correa, la cara ecuatoriana del "ciclo progresista" latinoamericano (Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Morales en Bolivia, etc.). ¿Cómo afectó este proceso de "modernización" a la población privada de libertad y a Mujeres de Frente? ¿Y cómo de este se llega a las masacres de 2021? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en las masacres mencionadas? ¿Y qué salidas ven ustedes a la crisis?

Es muy importante distinguir lo que podríamos definir como el antiguo régimen penitenciario de lo que a partir de 2014 puede llamarse el nuevo régimen penitenciario en el Ecuador. Las prisiones con larga historia, por supuesto como en toda nuestra región, en el Ecuador eran prisiones normalmente instaladas dentro de las ciudades. Tan precariamente sostenidas por el Estado que debieron ser gestionadas, co-gestionadas decimos nosotras, entre la población penitenciaria, sus familiares, comerciantes autónomas callejeras y funcionarios penitenciarios.

Fue así que las prisiones en el Ecuador fueron instituciones de muros muy permeables, muy abiertas a los vínculos sociales, de modo que miércoles, sábados y domingos, en jornada extendida de 9 de la mañana a 4 de la tarde, estaban abiertas a las visitas, así como comerciantes de la economía popular entraban en días establecidos a vender dentro de las prisiones, de la misma manera que muchas personas presas ponían negocios autónomos dentro de las prisiones, negocios de comida, de peluquería, de servicios varios, estableciendo una economía interna profundamente vinculada con el afuera. 

Muchas personas de afuera podían incluso hacer pedidos a trabajadores de dentro, por ejemplo pedidos de carpintería, de costura. Era así que el antiguo régimen penitenciario que estuvo vigente en la práctica hasta el año 2014, aun cuando las transformaciones empezaron a percibirse ya desde el año 2010, fue de prisiones injustas en términos de la composición de la población penitenciaria, de instituciones siempre destinadas al castigo de los sectores empobrecidos, racializados, instituciones precarizadoras de la vida, una nueva adversidad añadida a la adversidad de los sectores populares urbanos, y por supuesto también de migrantes, pero no fue de ciudades penitenciarias dispuestas para el gobierno mafioso en favor del capital legal e ilegal como son a día de hoy.

En la década de 1990, la institución penitenciaria se transformó con la lucha contra las drogas, con la declaración de lucha contra las drogas desde los Estados Unidos, lo cual quiere decir con la criminalización qué afectó fundamentalmente a quienes encontraron en el narcomenudeo, en el microtráfico de drogas, una posibilidad de vida, de intercambio económico no violento, aunque sí ilegal, lo cual dicho sea de paso implicó, a partir del inicio de esa década de 1990, el incremento inédito en la historia de la población femenina penitenciaria.

Se trataba, pues, de instituciones carcelarias de las cuales no se puede hacer apología, las cuales tienen que pensarse como violencia de Estado y, sin embargo permeadas por las prácticas de los sectores populares. Quién entraba en estas prisiones se encontraba en una suerte de barrio popular encerrado aunque vinculado con las economías populares de afuera.

Con todos aquellos hombres, mujeres, niños, niñas que las habitaban, con esa serie de negocios que requerían una mínima condición de paz interna, con una serie de vínculos sociales que, por definición, son pacificadores, aun cuando, por supuesto, son sostenidos fundamentalmente por las mujeres, las cárceles eran espacios de gestión popular de la pena. Todo ello fue transformado por el proyecto, paradójicamente progresista, del nuevo régimen penitenciario. 

De hecho, las prisiones en el Ecuador, como muchos proyectos del gobierno progresista, del Gobierno de la Revolución Ciudadana, implicaron un importante negocio en favor de empresas constructoras. Fue una fase, la de los primeros años de la Revolución Ciudadana de bonanza petrolera, fue una fase de importantes inversiones estatales en infraestructura vial, en infraestructura educativa, y fue también una fase en la que se planteó la construcción de un monumental sistema carcelario.

Se planificaron y construyeron así a partir de 2010 tres enormes ciudades penitenciarias, construidas lejos de los centros poblados, ideadas como regímenes de alta seguridad, dotadas de las más novedosas tecnologías de control, e ideadas como un proyecto, que paradójicamente se planteó como socialista, de control absoluto de la vida cotidiana como base de la rehabilitación. Por supuesto, preguntas en torno a de qué se supone que se debe rehabilitar a la población penitenciaria empobrecida, que con la excarcelación se va a encontrar en la misma situación de empobrecimiento radical, no fueron hechas.

Más todavía, preguntas sobre cómo podemos pensar que el control radical de la vida cotidiana, y por tanto la destrucción de la autonomía, la posibilidad de pensar y actuar de manera autónoma, pueda ser rehabilitador, no se plantearon. El gobierno tecnocrático ideó desde lejos, desde arriba, desde afuera, como una mirada radicalmente colonial, prisiones que imaginó que en el control radical de la vida cotidiana podrían generar ciudadanos socialmente viables. En la práctica, la implementación de este nuevo sistema de prisiones implicó el desarrollo de un auténtico sistema de tortura. 

2014 fue un año en el que Mujeres de Frente participó de la creación del Comité de Familiares, Amigos y Amigas de Personas en Prisión, que involucró a gente que efectivamente iban sufriendo los traslados a estas nuevas prisiones como auténticas situaciones de privación y tortura. Las autoridades de estado rompieron los vínculos sociales que tejían las cárceles con el afuera, con el afuera familiar, con el afuera económico, generando entonces condiciones de aislamiento que hoy entendemos con mucha claridad, aunque en aquel momento lo decíamos ya, son condiciones absolutamente violentogénicas.

Condiciones de privación del vínculo social, condiciones de privación de recursos para producir la vida en la forma de emprendimientos económicos, en forma de emprendimientos artísticos, en forma autónoma, digamos, de cualquier modo de emprender posibilidades vitales, privaciones entonces de vínculos sociales, privación de recursos, e incluso privación de los más elementales recursos de la propia identidad.

La población fue uniformada, fue privada de estilos de vestir, la población fue privada del derecho a poseer, por ejemplo, fotografías familiares, libros personales, diarios personales, del acceso que antes se tenía a medios de comunicación por la vía de la televisión, de los teléfonos celulares, etc. La tortura que experimento la gente que fue trasladada de las antiguas a las nuevas prisiones en estos años es inenarrable.

Y nosotras la vimos, la acompañamos, por supuesto visitamos a nuestros compañeros y compañeras en las nuevas prisiones, por supuesto acompañamos familiares, por supuesto varias de nosotras éramos familiares de personas en prisión, y podemos afirmar que la crueldad con la que procedió el gobierno progresista en su sueño de control es inenarrable. Y a la luz de la perspectiva, años después, podemos afirmar que efectivamente crearon condiciones para el gobierno mafioso de las prisiones. 

Ya en 2014 varias mujeres denunciaban que estaban sufriendo extorsión. No podían, como antes lo hacían, visitar a sus familiares, no podían, como antes lo hacían, ingresar diversos productos, desde ropa, alimentos, insumos de cocina, etc., como antes podían, de manera que la precarización y el aislamiento de la vida creaba condiciones de extorsión.

Muchas mujeres, ya en 2014, denunciaban que recibían llamadas a través de las cuales se amenazaba con atentar contra la vida de sus parientes si ellas no hacían depósitos en cuentas bancarias que se les indicaban. Y esto, insistimos, tenía que ver con la privación del vínculo social y tenía que ver también con la imposibilidad de que la gente desde fuera pudiera sostener a la gente de dentro, y que, por supuesto, la gente desde dentro pudiera ayudar a sostener a sus gentes afuera. 

Se crearon tempranamente, y nosotras lo denunciamos, condiciones de gobierno extorsivo, de gobierno mafioso. Además se construyeron condiciones de intensificación de la violencia machista. Hombres encerrados entre hombres sin alternativas laborales autónomas, sin posibilidades de construcción de una vida social autónoma, sin vínculos hacia afuera por la vía de la televisión, de los teléfonos etc., se convirtieron, se fueron convirtiendo, en hombres que vivían en entornos de enorme precarización y de violencia creciente.

La brutalidad, la práctica extorsiva, la violencia, empezó a gobernar las prisiones. Es muy importante entender que no estamos planteando que los violentos, los mafiosos, como si ese fuera un rasgo de nacimiento, gobiernan las prisiones. Estamos diciendo que el Estado creó condiciones infraestructurales y administrativas de las prisiones para que las prácticas violentas se convirtieran en la regla del gobierno interno.  

A día de hoy, vemos como un pollo que afuera cuesta 4 dólares en la prisión puede llegar a costar hasta $100. El pollo en el antiguo régimen penitenciario podía ser ingresado por un familiar sin ningún problema, de manera que en la cárcel seguía valiendo lo que a día de hoy serían 4 dólares y, sin embargo, la prohibición de ingresar ese pollo lo convierte en un objeto de lujo, y por supuesto la comercialización, la circulación de ese pollo, se convierte en una circulación ilegal, en una circulación que es posible por la autorización que hoy los llamados comandantes dan para su circulación.

Nos interesa insistir en que estas condiciones extorsivas, estas prácticas mafiosas, estas prácticas de control jerárquico de la vida cotidiana, de lo que se come, de lo que circula, de lo que es posible, son prácticas que la propia infraestructura y la propia administración  de aislamiento generan y fomentan día a día. 

En este sentido, es fundamental comprender cómo la crisis sanitaria implicó una intensificación de la vida ultra-precarizada en esas prisiones. De hecho, la crisis sanitaria en el Ecuador generó situaciones de abandono y muerte para la población libre de sectores populares, no se diga para la población encerrada.

 Las condiciones de precarización de la vida en las cárceles, de deshumanización de la vida a las que hicimos referencia, se intensificaron. En ese contexto sucedieron las masacres carcelarias. Digamos hasta aquí que esto nos permite afirmar que el Estado es responsable por las masacres.

La población penitenciaria está bajo custodia estatal. Legalmente el Estado es responsable de precautelar las vidas de quienes encierra, eso dice la ley. De hecho, la Constitución define a la población penitenciaria como vulnerable, requerida de especial cuidado por parte del Estado. Y, sin embargo, en el sentido común, la muerte de ellos: “los delincuentes” en “su propia ley”, aparece como un fenómeno prácticamente de la naturaleza, incuestionado, incuestionable. Además, tenemos que hablar de los instrumentos de esas muertes, máquinas como motosierras. por ejemplo, y la existencia a día de hoy de armas de alto calibre en las prisiones.

La existencia de estas armas de alta letalidad tiene que también convertirse en objeto de pregunta. Huelga decir que en lo que definimos como antiguo régimen penitenciario existían armas blancas, de hecho la gente utilizaba cuchillos de cocina, como se utilizaban afuera; pero muy, muy esporádicamente podía encontrarse armas de fuego, y de hecho la población penitenciaria experimentaba violencia, eso es innegable, violencia infringida por funcionarios penitenciarios y violencia autoinfringida entre presos y, sin embargo, las armas de alto calibre no existían en esas prisiones.

La nueva infraestructura genera condiciones de posibilidad para la violencia letal en situación de aislamiento utilizando armas de alto calibre. Es evidente y se conoce para toda la región cómo las familiares son y somos sometidas a requisas que nos vulneran, que implican la desnudez, parcial o total, que implican los tanteos  que ponen énfasis en las zonas genitales y, sin embargo, resulta evidente que armas de alto calibre no pueden entrar de ningún modo por la vía de las familias.

Es evidente que con la construcción de esas enormes infraestructuras, con la consolidación de este nuevo régimen penitenciario de radical aislamiento y alta seguridad, se han creado condiciones para lo que podemos definir como un gobierno mafioso de las prisiones. Es indudable, y de hecho tenemos pruebas que se han hecho públicas, de que altos mandos  de la Policía de este país están involucrados igual que, por supuesto, guías penitenciarios, en la introducción de armas de alto calibre en las prisiones orquestrando así las masacres. Construyendo así mismo las condiciones de posibilidad para un gobierno securitario que normaliza los estados de excepción en los que la población afuera admite vivir, y creando además condiciones de posibilidad para la acumulación ilegal de capital.

Concentrándonos en la reflexión en torno a las armas de alto calibre, aquellas herramientas terribles, de violencia inenarrable que han hecho posibles imágenes brutales no solo de muerte sino de muerte cruenta, podemos afirmar que el Estado es responsable de las masacres, no sólo como violencia autoinfrigida entre los que están ahora presos, sino también como violencia en favor de la industria de las armas, que se despliega en favor de la creación de condiciones para la acumulación ilegal de capital, que se despliega en favor del gobierno securitario, ya no solo dentro sino también fuera de las presiones. 

Para nosotras es fundamental establecer la pregunta, siempre feminista, por esta problemática vista desde la perspectiva de las mujeres. De las mujeres presas y de los familiares que sostienen a las personas en prisión, que en su mayoría son mujeres, en tanto madres, consortes, hermanas etc. Las mujeres presas en los pabellones de mujeres de estas enormes ciudades penitenciarias, que así resultan ser mixtas, son mujeres hoy expuestas a dinámicas de violencia, incluida la violencia sexual. Nos referimos a mujeres que se encuentran en condiciones de vida sobredeterminadas por la violencia de manera que, en noches de alcohol deben sentir y soportar tiros de armas de fuego, por ejemplo.  Mujeres cuya perspectiva no se nombra, cuya invisibilidad es absoluta, porque efectivamente constituyen la minoría de la población penitenciaria, a día de hoy  al rededor de un 7 % de la población penitenciaria.

Nos referimos a mujeres expuestas a situaciones de control, ya no solo por las autoridades si no por sus propios pares masculinos. Mujeres expuestas a situaciones de violencia que son extralegales e ilegales, y que, sin embargo, se dan por sentadas como insignificantes porque, insistimos, son una minoría de la población penitenciaria, además de que son mujeres no blancas, además de que infringieron la ley y el mandato de feminidad honesta.

Es fundamental poder ver desde la perspectiva feminista, desde la perspectiva de las mujeres, y también de los niños y las niñas esta problemática, para poder entender cómo el que llamamos nuevo régimen penitenciario precariza la vida de las personas presas y precariza la vida de sus allegados, sus hijos, sus hijas, que además, de esta manera, van consolidándose como población penitenciaria del futuro.

Tenemos que entender que la prisión atenaza la vida de una población penalizada que excede con mucho a las personas presas. En este sentido, urge pensar una práctica abolicionista penal, en una política abolicionista de las prisiones no solo para pensar un horizonte esperanzador para las personas actualmente presas y sus familias afectadas directamente por la prisión, sino también para todas aquellas personas que afuera de la prisión ven cómo la seguridad es la clave de gobierno de sus vidas.