CIMI Consejo Misionero Indígena

En Brasil, desde el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro, ha habido intensos debates en la sociedad, ya que se instauraba una visión extremista en la administración pública, centrada en la perspectiva de la descalificación de las políticas y los políticos, tratando a todos como corruptos, izquierdistas, rojos y comunistas. Esta retórica pobre y circular -siempre con los mismos argumentos, presentados como verdades absolutas- se reflejó en la feroz lucha contra las instituciones y políticas públicas que promovían los derechos de los pueblos indígenas, quilombolas, negros, colectivos feministas y los movimientos LGBTQI.

La perspectiva ciudadana, que se ha fomentado  fuertemente en el Brasil desde el fin de la dictadura militar y que incluso marcó la Constitución de 1988, a su vez adjetivada como ciudadana, se ha debilitado. En su lugar, está aumentando el fundamentalismo, especialmente el fundamentalismo religioso, porque en general se ha estructurado y permanece latente en casi todas las denominaciones religiosas y en las concepciones de la sociedad y el Estado. Tales concepciones coinciden con la perspectiva de una gestión pública desmantelada, sin pudor, sin compromiso ético. Bolsonaro, un político del "bajo clero" del sistema de partidos brasileño, ha demostrado estar en condiciones de desempeñar el papel de propagador del odio, la violencia y la política poco ética. Compuso un gobierno para legitimar las reformas antipopulares como la seguridad social, los impuestos y otros que aún deben imponerse. Él y sus elegidos defienden abiertamente el armamento de la gente —y aquí no se trata de autodefensa, sino de cultivar un sentimiento bélico contra el otro: lo que no cuadra en un modelo impuesto, los indigentes, los desempleados, los sin tierra y sin hogar, los indígenas. Bolsonaro ha estructurado un gobierno que ha ido desmontando paulatinamente la educación pública universitaria y la investigación académica y científica, y que lucha contra las políticas y la acción afirmativa, proclamando la meritocracia y la competencia como valores indiscutibles. Este gobierno también se ocupa de la desregulación de los derechos ambientales y, por diferentes medios, estimula la invasión de las tierras indígenas, las áreas ambientales y las reservas forestales.

Sobre el esquema de este gobierno, Cioccari y Persichetti (2018) dicen:

Jair Bolsonaro es un miembro activo y una de las principales voces de esta parte de la población que defiende la reducción de la mayoría de edad penal y hace apología explícita sobre el uso de las armas. Además, ha estado involucrado en casos de racismo y misoginia ampliamente difundidos en la prensa. Bolsonaro coadyuva a la exacerbación de los discursos negativos tan presentes en la sociedad contemporánea.

Las autoras señalan además que, durante la campaña electoral, se construyó, por un lado, la imagen de Bolsonaro como parlamentario atento a los principios conservadores y defensor de los llamados valores familiares, capaz de promover una moralización en la política, y por otro lado, la imagen de alguien que da voz al discurso de odio, al machismo, a la homofobia, al racismo, al prejuicio que se forma en lo profundo de lo social y que, durante mucho tiempo, fue velado y reprimido.

Un gobierno hostil para la mayoría de los gobernados

Jair Bolsonaro, en los primeros días de su gobierno, confirmó su postura autoritaria, su sesgo conservador y las orientaciones morales asumidas con grupos de electores más convictos. Sin embargo, el ascenso de una ola conservadora en Brasil no comienza en esta elección. Un rasgo visible del conservadurismo preponderante en el pensamiento social (y político) puede verse en la elección de diputados y senadores, que, desde 2014, amplía el número de parlamentarios vinculados a la bancada BBB, término utilizado para hacer referencia a los vínculos entre las bancadas armamentista ("da bala"), ruralista ("do boi") y evangélica ("da bíblia") en el Congreso Nacional del Brasil. 

Una de las primeras acciones del presidente fue la promulgación de la Medida Provisoria (MP) No. 870, del 1 de enero de 2019, por la que se transfieren al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento las responsabilidades relacionadas con los procedimientos de demarcación de las tierras indígenas y quilombolas. Hasta entonces, la atribución de la demarcación de las tierras indígenas estaba (y volvió a estar más tarde) bajo la responsabilidad de la Fundación Nacional del Indio (Funai), vinculada al Ministerio de Justicia; ya las tierras de los quilombolas son atribución del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), vinculado a la Casa Civil.

Esta acción, entre otras, tenía por objeto allanar el camino para la explotación agrícola y agraria, la expropiación y la dilapidación de tierras y la expansión de la minería, la madera y el agua. La Cámara de Pueblos Indígenas y Comunidades Tradicionales del Ministerio Público Federal (6ªCCR) emitió una nota técnica en la que se declara la inconstitucionalidad de la Medida Provisoria 870/2019 y del Decreto 9.673/2019 (que transfiere la Funai al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos). En la nota técnica se afirma que las medidas presidenciales atentan contra las garantías indígenas de la Constitución y violan el derecho de esos pueblos a la consulta previa, libre e informada, previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que Brasil es signatario. Además, al transferir la demarcación de las tierras al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, la Medida Provisional estableció un conflicto de intereses entre los pueblos indígenas y las políticas agrícolas de la Unión, así como los ruralistas que apoyan al actual gobierno. Después de 120 días, toda Medida Provisional debe ser avalada por el Congreso Nacional para que tenga fuerza de ley, pero la Medida Provisional Nº 870/2019 no fue refrendada, en vista de la colisión entre los cambios legislativos propuestos y las garantías constitucionales de los pueblos indígenas en el Brasil.

Ante el rechazo sufrido en el Congreso, el presidente emitió una nueva medida con el mismo contenido, que posteriormente fue calificada de inconstitucional por el Tribunal Supremo, haciendo que se retomaran todas las atribuciones de la Funai, dentro del Ministerio de Justicia. Las manifestaciones de sectores del movimiento indígena fueron incisivas durante este período, criticando fuertemente los pronunciamientos y acciones del presidente brasileño. En este sentido, Avanilson Karajá, en un discurso durante el 40º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, dijo:

El organismo indígena fue desmantelado a propósito porque las políticas de concesión de licencias ambientales, demarcaciones y consultas son consideradas como obstáculos por la política económica del gobierno. Lo más perverso es el incentivo para arrendar nuestras tierras, una práctica ilegal que pretende ponerlas a disposición del mercado, a costa de nuestra tradición.

El Derecho a la tierra y su significado para los pueblos indígenas

En relación con los significados de la tierra y su función social, cuando se trata de la posesión y el disfrute exclusivos de los indígenas, las controversias se centran en el posible destino y las posibilidades de explotación de los recursos naturales contenidos en ella. En virtud de lo dispuesto en el artículo 231 de la Constitución Federal de 1988, "se reconoce a los indios su organización social, sus costumbres, sus idiomas, sus creencias y sus tradiciones, así como sus derechos originales sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, y la Unión se encargará de demarcarlos, protegerlos y velar por que se respeten todos sus bienes". 

El mismo artículo define como "las tierras tradicionalmente ocupadas" por los indígenas "las habitadas permanentemente por ellos, las utilizadas para sus actividades productivas, las indispensables para la preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones". El artículo también establece el destino de estas tierras: están destinadas a la posesión permanente por parte de los indígenas, y sólo para ellos es el disfrute exclusivo de las riquezas del suelo, los ríos y los lagos que se encuentran en ellas. Esto no significa que no sea posible explotar los recursos hídricos, los potenciales energéticos, o realizar investigaciones y explotación de la riqueza mineral en las tierras indígenas, pero tales acciones dependen de la autorización expresa del Congreso Nacional, después de escuchar a las comunidades indígenas que tienen el usufructo de las tierras.

Hay una dimensión importante en la relación entre los pueblos indígenas y la tierra, anunciada por el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (2017), que se define por la experiencia compartida del territorio:

Ser indígena es tener como referencia primaria la relación con la tierra en la que se nació o en la que se asentó para hacer su vida, ya sea una aldea en la floresta, una aldea en el sertão, una comunidad ribereña o una favela en las periferias metropolitanas. Es ser parte de una comunidad conectada a un lugar específico, es decir, integrar un "pueblo". [...] El indígena mira a la tierra a la que es inmanente; saca su fuerza de la tierra. El ciudadano mira hacia arriba, al Espíritu encarnado en la forma de un Estado trascendente; recibe sus derechos desde lo alto (VIVIROS DE CASTRO, 2017, p. 4). 

El antropólogo también afirma que:

La tierra es el cuerpo de los indios, los indios son parte del de la tierra. La relación entre la tierra y el cuerpo es crucial. La separación entre la comunidad y la tierra tiene como cara paralela, su sombra, la separación entre las personas y sus cuerpos, otra maniobra indispensable realizada por el Estado para crear poblaciones controladas (Ibíd., pág. 8).

Los argumentos presentados permiten pensar en la relevancia de las tierras - demarcadas y protegidas para el disfrute exclusivo - de los pueblos indígenas. Para ellos, el vínculo con la tierra no es una propiedad, esto es porque es "el cuerpo" del pueblo indígena, que tiene una relación constitutiva e inmanente con ella. Desde el punto de vista jurídico, los territorios indígenas son "bienes de la Unión", y también en este sentido no pertenecen a los pueblos indígenas, sino que están destinados a ellos, como derecho inmemorial, inalienable e imprescriptible, y no están disponibles para ningún otro fin. No se trata, pues, de ser el propietario de la tierra; tampoco se pueden explotar los recursos hasta el agotamiento, ni por los propios indígenas ni por otros. En cuanto a las luchas políticas de hoy, Brighenti (2010, p.19) afirma que en el centro de las disputas se encuentra la cuestión territorial, que para los pueblos indígenas se refiere al derecho colectivo de posesión y, desde el punto de vista de los derechos individuales, es un derecho de propiedad.

Disputas sobre la dirección de la producción y el desarrollo

En marzo de 2019, en un discurso durante el 40º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, el indígena Avanilson Karajá, mencionado anteriormente, criticó las políticas indígenas adoptadas por el gobierno de Bolsonaro. Denunció los discursos de odio del gobierno contra los pueblos indígenas y la depreciación de su forma de vida¹https://cimi.org.br/2019/03/onu-indigena-critica-politica-integracionista-bolsonaro/ .

En una declaración publicada en agosto del mismo año, la Federación de Organizaciones Indígenas del Río Negro, FOIRN, repudió los ataques de Jair Bolsonaro a los pueblos indígenas. En particular, rechazó la afirmación de que esos pueblos serían unos alienados que imposibilitarían el progreso, y que la demarcación de las tierras indígenas, las zonas de protección ambiental, los quilombolas y los parques nacionales llevaría a la insolvencia del Brasil. Dice la nota: 

El Presidente de la República, Jair Bolsonaro, ataca una vez más a los pueblos indígenas y a la Constitución Federal al cuestionar nuestro derecho al territorio como pueblos originarios del Brasil. Como si no bastase avergonzar al Brasil en todo el mundo con su discurso prejuicioso y sus mentiras sobre la quema del Amazonas, ahora acusa a los pueblos indígenas de imposibilitar el desarrollo del Brasil. Ante tan grotescas declaraciones, de las que se hacen eco los medios de comunicación nacionales, los pueblos indígenas de Río Negro, representados por la Federación de Organizaciones Indígenas de Río Negro (Foirn), manifestamos nuestra indignación y repudio a tales calumnias. Y completamos: lo que hace inviable a Brasil es la violencia, la corrupción, el estado paralelo promovido por las milicias que dominan parte de las grandes ciudades del país y la falta de inversión en educación, salud, cultura, deportes e infraestructura²https://foirn.blog/2019/08/27/nota-publica-da-foirn-sobre-declaracoes-do-presidente-jair-bolsonaro/. 

El 28 de agosto de 2019 se realizó una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, en la que los indígenas repudiaron la Propuesta de Reforma de la Constitución (PEC) 187, que pretende autorizar la explotación económica de las tierras indígenas. En este evento, Rogério Xukuru Kariri se expresó de esta manera:

El punto es que el concepto de producción que tenemos es diferente al concepto de producción del latifundio. Tenemos una concepción diferente [...] necesitamos entender que los pueblos indígenas no son barreras para el progreso. Todo lo que tienes en una sociedad no indígena, en la sociedad indígena también lo tienes. Creo que no es mucho pedir ser respetado por eso. 

Los recortes anteriores responden a las disputas sobre la dirección del desarrollo. Los pueblos indígenas rechazan las afirmaciones de que su modo de vida tornaría inviable la economía nacional. Las viejas afirmaciones de que "hay demasiada tierra para muy pocos indios" se difunden a raíz de los pronunciamientos del gobierno. Bolsonaro combina este argumento con el de que los indios querrían los beneficios de la tecnología y la asistencia mucho más que la demarcación de sus tierras. En la página web de Justificando, el 15 de septiembre de 2019, Carlos Eduardo Araújo destaca una declaración del presidente Bolsonaro en la que afirma que los que están en contra de la expansión económica utilizan a los indígenas para lograr sus fines. Las declaraciones más emblemáticas se han hecho en las redes sociales, y en ellas el presidente subraya que su administración estará marcada por el objetivo de "integrar a estos ciudadanos" en la comunión nacional. El 15 de enero de 2019, el presidente declaró en Twitter que "más del 15 por ciento del territorio nacional está demarcado como tierras indígenas y quilombolas". Menos de un millón de personas viven en estos lugares aislados de Brasil, verdaderamente explotados y manipulados por las ONGs. Integremos juntos a estos ciudadanos y valorizemos a todos los brasileños³ https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1080468589298229253".

El 6 de agosto de 2019, en el portal de noticias de la UOL, el presidente Jair Bolsonaro habló sobre los datos de la deforestación en el Amazonas. Él sostiene que cuestiones como la concesión de licencias ambientales deberían ser responsabilidad de los Estados, citando como ejemplo el Estado de Roraima: "Si yo fuera el rey de Roraima, con la tecnología, en 20 años tendría una economía cercana a la del Japón. Hay de todo. Pero el 60 por ciento se hace imposible por las reservas indígenas y otras cuestiones ambientales”.

Una crítica al sesgo integracionista del gobierno es presentada por la Sexta Cámara del MPF⁴ NOTA TÉCNICA No 1/2019-6aCCR. Cuando habla de la Medida Provisional editada por Bolsonaro, el organismo dice que la medida promueve el restablecimiento de "la antigua política integracionista" y "viola las peculiaridades culturales y los derechos constitucionales" de los pueblos indígenas. Defiende la Nota Técnica de que "el indio no debe ni necesita integrarse en la sociedad brasileña, ya que forma parte de ella desde su génesis". Según el texto, cualquier medida que promueva el restablecimiento de la política indígena integracionista va en contra de la Constitución. Por último, cabe señalar que varias investigaciones contemporáneas demuestran que las tierras demarcadas se encuentran entre las mejor conservadas, lo que demuestra que las formas de vida autóctonas no son obstáculos para el desarrollo, sino formas de mantener la vida presente y futura.

La Constitución Federal de 1988 rompe con la perspectiva estatal de aculturación, cuya premisa era la asimilación indígena al modo de ser de la población mayoritaria. Las transformaciones del derecho o de las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas se pueden explicitar de esta manera:

La Constitución de 1988 reconoce el derecho de los indios a ser indios, a mantener su organización social, costumbres, idiomas, creencias y tradiciones. Además, reconoce el derecho original sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Este concepto es nuevo, y legalmente revolucionario, porque rompe con la repetida visión integracionista. Desde el 5 de octubre de 1988, el indio en Brasil tiene derecho a ser un indio (SOUZA FILHO, 2010, p. 106-107).

El reconocimiento de estos derechos en el texto constitucional consolida las garantías individuales y colectivas de todos los pueblos, base esencial de todo derecho humano. El análisis de los recortes en los pronunciamientos del presidente, junto con una lectura más amplia de lo que estamos viviendo, muestra que las fuerzas se movilizan, de manera especial, para definir el destino de los recursos ambientales, minerales y territoriales resguardados para los pueblos indígenas a través de un dispositivo constitucional, pero intensamente codiciados para la expansión de la producción agrícola. 

La Constitución Federal también establece que las tierras indígenas constituyen un conjunto de bienes de la Unión (art. 20, XI) y que, por lo tanto, nadie más que los pueblos indígenas puede ocuparlas (salvo en los casos previstos en el texto constitucional, que demuestren un interés público relevante o un riesgo para la soberanía, por ejemplo). Es decir, las tierras ocupadas y demarcadas para el disfrute de los Pueblos Indígenas deben ser protegidas y supervisadas por los órganos del Estado brasileño y, con ello, el gobierno debe actuar para evitar la dilapidación, la explotación y la depredación, ya que no conforman áreas vacantes o que deban ser ocupadas, transferidas, devastadas e expropiadas  ilegalmente por otros.

El trípode de una política anti-indígena

Aunque la Constitución Federal brasileña garantiza, en sus artículos 231 y 232, los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y aunque éstos se aceptan internacionalmente a través del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Gobierno brasileño hace caso omiso de todas las reglas, normas y convenios y comienza a aplicar una política encaminada a la integración cultural y la expropiación territorial de los pueblos indígenas.

Frente a una política de carácter genocida, es importante reafirmar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas: la primera es la declaración de reconocimiento del derecho a la demarcación y garantía (con la consiguiente protección e inspección) de todas las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas, calificandolo de original e imprescriptible, es decir, se reconoce un derecho que precede al proceso de colonización del país y que no prescribe, no se agota con el tiempo y, además, garantiza a los pueblos el disfrute exclusivo de estas tierras, inalienables e inasequibles; el segundo es el reconocimiento constitucional de que los pueblos podrán organizarse, manifestarse y vivir de acuerdo con sus culturas, costumbres, creencias y tradiciones, reconociendo así el derecho a las diferencias étnicas; la tercera es el reconocimiento de los pueblos y sus comunidades como sujetos de derechos, rompiendo con cualquier perspectiva integracionista y tutelar - de esta manera se elimina la visión de que los pueblos y sus dirigentes serían relativamente capaces, y se asegura la plena capacidad jurídica de los pueblos, garantizada desde 1988 por la Constitución, por lo que deben ser accionados en todas las demandas legales contra ellos o propuestas por ellos, sin necesidad de mediación del organismo indigenista.

El gobierno de Jair Bolsonaro organiza su política indígena sobre la base del trípode: desconstitucionalización de derechos, desterritorialización de pueblos y promoción de acciones que lleven a la lógica de asimilación e integración de los indígenas en la sociedad brasileña. Las tesis y prácticas del período dictatorial de los gobiernos militares se repiten de manera contundente, ignorando las disposiciones de la actual Constitución Federal.

En el seno del Poder Ejecutivo, las acciones puestas en marcha constituyen un proyecto de explotación intensiva de todas las tierras indígenas, demarcadas o no, imponiendo, por un lado, la devastación de los recursos ambientales, minerales e hídricos como alternativa económica, y por otro, la deslegitimación de las conquistas históricas de reconocimiento, respeto y valoración de las diferencias étnicas, culturales y territoriales. Se propone claramente desmantelar todos los instrumentos jurídicos para la promoción y aplicación de políticas públicas para los pueblos indígenas, y detener los avances que se han construido para fortalecer el protagonismo y la autonomía de los pueblos.

El gobierno de Bolsonaro actúa como impulsor de las invasiones de tierras, en la medida en que imposibilita la demarcación de las mismas, renunciando a la responsabilidad de preservar los bienes del Estado, permitiendo la expansión de la agricultura, la minería, la explotación maderera, la pesca depredadora, la adjudicación y confiscación de tierras mediante títulos de propiedad falsos consolidando así la transferencia gradual de la propiedad pública a la empresa privada.

La Funai ha sido reestructurada para desempeñar un papel en el control de las demandas indígenas y dificultar los procedimientos de demarcación de tierras. El organismo indígena está compuesto institucionalmente por delegados de la Policía Federal, policías jubilados, militares, pastores, servidores y asesores que son notablemente anti-indígenas y ejercen una gestión en oposición a los derechos constitucionales. El presidente de la Funai se ha encargado, entre sus funciones, de dar conferencias a los ganaderos que terminan emprendiendo acciones políticas y legales contra las luchas indígenas. Las medidas preventivas se han convertido en una constante, en un intento de contener las acciones dirigidas a la defensa de los intereses indígenas, así como las amenazas de criminalización y control de cualquier comunidad que tome la iniciativa de luchar por la tierra. La Funai, a través de sus dirigentes, comenzó a atender expresamente a los ruralistas, mineros, garimpeiros y madereros que buscan apropiarse de los bienes que existen en los territorios, en detrimento de los dirigentes de los pueblos y comunidades indígenas. Por ello, la Funai  publicó la Instrucción Normativa Número 09/2020, en la que establece normas para quienes se sientan afectados por las demarcaciones territoriales y requieran de un título o propiedad de dichas zonas.

Y para dar aparente legalidad a todas las medidas anti indígenas, el gobierno se basó en el Dictamen 001, de la Abogacía General de la Unión/AGU, que estuvo en vigor desde su edición, en el año 2017, hasta el mes de junio de 2020. Este dictamen adoptó una lógica de descalificación de los derechos constitucionales indígenas, basada en los 19 condicionantes de la sentencia de la acción contra la demarcación de las tierras de Raposa Serra do Sol, que se refería sólo a ese caso concreto, por lo que no se vincularían a otros procedimientos de demarcación. Pero, de manera astuta, comenzaron a utilizarse como instrumento jurídico, político y administrativo para regular la política oficial indígena.

Además de los condicionantes, la AGU impuso la tesis del Marco Temporal a los futuros procedimientos de demarcación de tierras, lo que también contradice la sentencia mencionada y las decisiones del STF en la materia. Sin embargo, esta decisión fue suspendida por el juez del STF Edson Fachin, después de que la comunidad de Xokleng presentara un requerimiento incidental solicitando que el dictamen se suspendiera hasta el fallo de la Apelación Extraordinaria (RE) 1.017.365, caracterizada como Repercusión General. En el mismo sentido, el Ministerio Público Federal (MPF) del estado de Mato Grosso presentó una demanda solicitando la suspensión de los efectos de la Instrucción Normativa número 09/2020. La Justicia Federal asistió al alegato del MPF en relación con las tierras indígenas de Mato Grosso y se espera, a partir de ahora, que esta decisión se extienda a las demás regiones del Brasil.

En vista de las decisiones, aunque parcialmente concedidas por el poder judicial, el presidente de la Funai, apoyado por el grupo ruralista, anunció que el gobierno federal adoptará otras medidas para "apaciguar" la problemática indígena. En su opinión, los pueblos indígenas y sus derechos son un peligro y deben ser refrenados. La paz que el presidente de la Funai está difundiendo se refiere a la implementación de la especulación y las invasiones territoriales. Se trata de apaciguar a quienes defienden tomar posesión ilegalmente de las tierras de disfrute exclusivo de los pueblos indígenas, permitiendo su amplia e irrestricta explotación. La decisión que pretenden tomar es la de revocar el Decreto 1775/1996, que regula el procedimiento de demarcación vigente en el país. En su lugar, pretenden imponer las mismas reglas contenidas en la Opinión 001/AGU. Desean regular las demarcaciones antes de que el STF juzgue el proceso de repercusión general (RE 1.017.365), que trata de una parte de la demarcación de la tierra indígena Ibirama-La Klãnõ, reconocida como posesión permanente del pueblo Xokleng.

La resistencia de los pueblos indígenas los convierte en semillas de esperanza

El Brasil es, entre todos los países del mundo, uno de los más privilegiados en cuanto a la pluralidad de pueblos y culturas. Cuando se produjo la invasión europea, al menos seis millones de personas, pertenecientes a más de 900 pueblos diferentes, vivían en las tierras llamadas — más tarde — Brasil. Habitaron todas las regiones, se adaptaron a los biomas, al clima, a la geografía, a las condiciones ambientales y mantuvieron vínculos de pertenencia y formas específicas de ser y vivir dentro de sus territorios originales. La relación con los colonizadores no fue suave, pacífica y sin resistencia. Al lado de los invasores estaba la imposición de la espada y la cruz. Por parte de los pueblos originarios, había perplejidad ante la gente extraña, con hábitos sucios, brutales y devastadores. Resistieron, pero la fuerza de las armas y la imposición de la violencia física dieron lugar a guerras, esclavitud, destrucción y genocidio.

Después de 520 años, los pueblos originarios —llamados indios —están presentes, reducidos en relación al pasado, pero construyendo caminos alternativos dentro de un estado aún más excluyente, violento y ambicioso. Hoy en día hay por lo menos 305 personas que viven en el país, que hablan por lo menos 210 idiomas. Exigen la demarcación de 1200 áreas de tierra, con una población de aproximadamente un millón de personas. No se puede ignorar la pluralidad de pueblos y culturas, y todos son responsables de asegurar, en la organización del Estado brasileño, un conjunto de garantías jurídicas encaminadas al respeto, la protección y la promoción de los derechos de los indígenas.

A lo largo del proceso de expansión colonialista, los que dirigían el Estado establecieron, como norma, la confrontación para combatir a los pueblos originarios y negarles los derechos sobre sus culturas y territorios. A partir de sus luchas y enfrentamientos, los pueblos impusieron límites y los gobernantes comenzaron, con el tiempo, a reevaluar las estrategias y redefinir las prácticas de intervención, convenciéndose a sí mismos de que debían establecer algún tipo de relación que no fuera sólo la guerra y el exterminio físico.

Los gobernantes, de manera paulatina, terminaron adoptando medidas administrativas — especialmente a principios del siglo XX — y desencadenaron acciones para la localización, identificación y traslado de los indios a las aldeas o reservas y, en estos espacios artificiales, impusieron una política dirigida a la pacificación y posterior integración de los indios en la "comunión nacional". Y, una vez más en la historia, no hubo otra alternativa que la resistencia contra la política integracionista y por la recuperación de sus territorios, ya que éstos estaban siendo gradualmente invadidos u oficialmente ocupados.

La resistencia de los pueblos indígenas es un capítulo memorable y poco destacado de la historia del Brasil. De no haber sido por sus diversas formas de lucha, todos ellos habrían sido exterminados o integrados durante estos más de 500 años de colonización. La lógica integracionista y asimilacionista duró hasta los años 70, cuando los pueblos indígenas, con un apoyo significativo de las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias -que tenían una visión progresista, respetuosa y liberadora-, los organismos, entidades y movimientos populares internacionales, desarrollaron un intenso movimiento de articulación, a través de las grandes asambleas que reunían a dirigentes de pueblos diferentes y distantes. En esta década, un hito importante en el ejercicio del protagonismo indígena frente al Estado brasileño fue la conquista del Capítulo VIII, artículos 231 y 232, presentes en el texto constitucional de 1988.

Con el advenimiento de la "Constitución Ciudadana", el pueblo comenzó a exigir que sus derechos fueran garantizados. Y a lo largo de las décadas - los años de 1990 a 2016 - el Movimiento Indígena, en todo el país, ha fortalecido e impulsado un intenso proceso de organización y articulación a través de la demarcación de tierras, las políticas públicas diferenciadas y el derecho a ser pueblos con sus propias formas de vida, sus saberes y sus organizaciones sociales, reclamando que éstas sean reconocidas y respetadas no como "simples", ni "primitivas", ni "precarias" o "caducas", como se pensaba comúnmente, sino porque poseen coherencia, consistencia, fuerza, racionalidad, dinamismo.

Fue en este contexto - posconstitucional, décadas de 1990 a 2016 - caracterizado por un vivo protagonismo que los pueblos enseñaron a todos (con quiénes viven, estudian o se acercan a ellos) a enfrentarse a algunos de los estereotipos que se crearon, así como a sentirse autorizados a expresar sus impresiones sobre la sociedad y la cultura occidentalizadas. Por lo tanto, depende de todos ejercer una crítica radical de las formas en que se ponen en práctica los mecanismos académicos, mediáticos, jurídicos y políticos que subordinan a las culturas indígenas. Para ello, un buen comienzo es prestar más atención a las formas en que la gente se refiere a los pueblos y reconocer que la mayoría de los estereotipos producidos sirven para tranquilizar y confirmar una supuesta superioridad de los colonizadores y una "cierta" convicción de que los blancos son siempre sensatos y que el problema reside en los indígenas. Basta con ver cómo la gente, en general, se siente autorizada a definir quiénes son los indios, dónde deben vivir, cómo deben vivir y qué pueden desear para su futuro. Y eso lleva a la gente a imaginar que los derechos indígenas son una especie de concesión o regalo de la sociedad circundante a ellos, como si esos derechos fueran inaceptables o constituyeran una especie de privilegio que, por lo tanto, es cuestionado continuamente.

Cualquier relación respetuosa que se pretenda tener con los pueblos indígenas implicará necesariamente la demarcación y garantía de sus tierras. No hay manera de asegurar la vida, las culturas y la existencia digna de estos pueblos fuera de sus territorios. Pero, por supuesto, esta garantía no es suficiente. Y desde hace 30 años, los pueblos - más allá de la lucha por la tierra, que sigue siendo muy conflictiva y emblemática - han buscado participar activa y enérgicamente en la formulación y ejecución de las políticas públicas destinadas a ellos. Forman parte de los consejos municipales, estatales y nacionales, en los que ejercen el control social y proponen políticas para promover y proteger la vida, la salud, la educación y la autosuficiencia.

Los pueblos indígenas han sido incansables en la promoción y manifestación de sus culturas, creencias y tradiciones. En gran medida, han quebrado las referencias culturales y las formas de representación que se creaban sobre ellos, lo cual llevaba a la gente a pensar que son frágiles, menos desarrollados, menos cultos, menos civilizados, menos dispuestos a trabajar y que sus culturas son primitivas, menos complejas, menos valiosas. Todo ello fue posible gracias a la presencia de los pueblos indígenas en las más variadas instancias de los poderes públicos, en la sociedad circundante, en las universidades y en las luchas populares y políticas.

También hay que reconocer que los pueblos originarios, sus organizaciones, sus movimientos de resistencia y sus luchas, a pesar de todos los desafíos que aún existen, han orientado a la sociedad sobre la necesidad de que se respeten y garanticen sus derechos, así como han propiciado la reflexión sobre la belleza de la multiplicidad de culturas y sus contribuciones al país. Los Acampamentos Terra Livre, que se celebran anualmente desde 2003, generalmente en el mes de abril, son una expresión significativa de la organización, articulación y movilización de los pueblos en la lucha por garantizar sus derechos fundamentales.

A través de este y otros eventos sistemáticos, los pueblos indígenas destacan sus cosmovisiones, su vitalidad, sus conocimientos medicinales, los usos terapéuticos de las plantas y la forma respetuosa en que se relacionan con la tierra y los recursos naturales. Además, han fomentado la discusión sobre la necesidad de pensar colectivamente sobre las políticas y filosofías de vida vinculadas al Buen Vivir.

El análisis demostró que no sólo se cuestionan los significados de la tierra, sino también sus propósitos y usos. La tierra se considera, por una parte, como un recurso para la vida, destinado a la posesión indígena y bajo la protección de la Unión, y por otra parte, como una fuente de riqueza, de recursos para la explotación y la expansión de la agroindustria, en forma de propiedad privada. El resurgimiento de los discursos gubernamentales integracionistas, comunes en el período dictatorial brasileño y a través de los cuales se vislumbró la disolución de las diferencias y la inserción indígena en la lógica de la vida occidental, colabora ahora con el propósito de limpiar los territorios (que para el gobierno deben ser explotados con o sin indígenas). Los movimientos indígenas, a su vez, defienden el respeto a sus formas ancestrales de pensar y vivir, sus relaciones con la tierra y los conceptos de interdependencia entre los seres, lo que asegura y regula la vida de cada uno.

El gobierno de Bolsónaro no parece resignarse a que en la Constitución Federal de 1988 haya derechos que se caracterizan por ser fundamentales, que se reconocen como originales, inasequibles, inalienables e imprescriptibles. Parece que, en un contexto de graves ataques a estos derechos fundamentales y de violencia sistémica contra los pueblos indígenas, de invasiones de tierras y de tragedia ambiental provocada por la deforestación, los incendios y la adjudicación de espacios públicos, sólo el Poder Judicial puede imponer límites al gobierno y a las tesis genocidas que subyacen a su política indigenista.